Juzgan a un exedil de Calp y a un funcionario por exhumar los restos mortales de un nicho para enterrar a la abuela del empleado
El Fiscal pide 13 años de inhabilitación para los dos acusados y un año de cárcel para el exconcejal por acoso laboral
El cadáver que ocupaba el nicho era de un residente alemán que había fallecido en 1973 y que debía permanecer allí a perpetuidad
La lápida del residente alemán que yacía en el nicho que se vació para enterrar a otra persona / Levante-EMV
Un caso de descanso eterno y macabras maniobras llega a la Audiencia de Alicante. El miércoles tendrá lugar el juicio por la exhumación supuestamente ilegal de un cadáver en el cementerio de Calp. Están acusados el exconcejal de Cementerios, Bernardo Moll, del PP, y el funcionario jefe de Recursos Humanos, Antonio Cabrera.
El exedil y el funcionario habrían ordenado la exhumación de los restos mortales de un nicho, donde yacía desde 1973 el residente alemán Wilhelm Klatt. Querían supuestamente liberar el nicho para enterrar a la abuela del funcionario.
El entonces edil, según el escrito de acusación, contactó con la empleada responsable de la administración del camposanto para preguntar por el nicho que estaba al lado del que estaba sepultado el abuelo del funcionario. Su abuela estaba enferma y se temía que falleciera en los siguientes días. Querían enterrarla junto a su esposo.
La empleada del cementerio le dijo que ese nicho estaba ocupado y, además, el cadáver debía permanecer allí a perpetuidad, es decir, durante 99 años.
Según el Fiscal, los dos procesados presionaron a la empleada para que hiciera lo necesario, incluso saltarse la legalidad, para vaciar el nicho. La empleada se negó. El escrito de acusación señala que los acusados redactaron una providencia en la que ordenaban la exhumación y el traslado de los restos del residente alemán a la fosa común.
Los sepultureros vaciaron el nicho y, horas después, se dio allí sepultura a la abuela del funcioanrio. El Fiscal añade que el concejal acusó a la empleada del cementerio de filtrar el caso a la prensa y la empezó a hostigar y a amenazar con despedirla o degradarla.
El Fiscal pide 13 años de inhabilitación para cada uno de los procesados por un delito de prevaricación en concurso con un delito contra la memoria de los muertos. Solicita también un año de cárcel por acoso laboral para el concejal.
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