21 de octubre de 2013
21.10.2013
Levante-emv
Observatorio de internet

La brecha digital lastra la economía

21.10.2013 | 05:30
La brecha digital lastra la economía

El primer informe del Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet apuesta por ampliar el uso de la Red en España para particulares y pymes. Y es que la brecha digital y el escaso desarrollo del comercio electrónico lastran la economía.

La reducción drástica de la brecha digital que se detecta en España, donde una parte relevante de la población permanece todavía ajena al uso de Internet; la potenciación del comercio electrónico en las pymes y el fundamental papel que deben desempeñar las administraciones públicas a la hora de favorecer la implantación de la Red y de remover obstáculos para su uso son las principales propuestas que arroja el primer informe elaborado por el Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (ADEI), un proyecto de nuevo cuño dirigido por el catedrático de la Universidad de Alicante (UA) y exrector de la misma Andrés Pedreño y que cuenta con la colaboración de Google, Analistas Financieros Internacionales (Afi) y el Instituto de Economía Internacional de la propia UA. El estudio, titulado «La economía de Internet en España. Diagnóstico sobre los obstáculos que limitan su desarrollo», constata que «nuestro país ha dado grandes pasos en la adopción de Internet durante la última década» y se sitúa actualmente en torno a la media de la Unión Europea. Sin embargo, apunta «la existencia de áreas donde el margen de mejora es todavía amplio, sobre todo si se presta atención al posicionamiento de los países líderes», en referencia a los del norte del continente.

Una de estas áreas mejorables es la denominada en el informe «brecha digital», que hace referencia a la desigualdad en el uso de Internet entre los españoles, donde un 27 % de las población nunca lo ha utilizado, mientras que en los países nórdicos este porcentaje se reduce a entre el 5% y el 10%, un hecho en el que, según diagnostica el ADEI, «inciden aspectos relacionados con la renta o con el hábitat de los individuos, si bien el factor cultural o formativo se muestra como especialmente relevante» „véase anexo de la página siguiente„.

En cuanto al mundo empresarial, el informe sitúa a España en «niveles asimilables a los del agregado europeo», pero cuando se desciende al detalle, se constata que «la particular atomización del tejido empresarial español, con un destacado peso de las microempresas, así como la especialización productiva de la economía en sectores de bajo valor añadido, afecta de manera significativa al avance de Internet como herramienta esencial para la articulación de nuevos modelos de negocio o para el diseño y prestación de nuevos servicios». El Observatorio incide en este sentido en que «aspectos como el comercio electrónico deben figurar en la agenda de los gestores empresariales –dado el margen de avance existente– y de las administraciones públicas, que deben dotar de seguridad a este nuevo modelo de distribución que ofrece grandes ventajas en términos de eficiencia, tanto para los usuarios como para las propias empresas».

Es precisamente aquí donde el ADEI, que cuenta con un equipo de investigación liderado por Emilio Ontiveros, llama la atención sobre el papel que deben desempeñar los poderes públicos en el desarrollo de la penetración de Internet, al resaltar que «en el ámbito de la propia gestión pública y de la interacción de la Administración con los ciudadanos el uso de Internet abre un camino para la mejora de la gobernanza y de la transparencia institucional. También es labor de las administraciones públicas impulsar políticas de inserción de los ciudadanos en Internet, especialmente con respecto a los colectivos más necesitados (desempleados sin formación, personas con bajos niveles de renta, pobladores de áreas rurales, etc.)».

Incidiendo en su apelación al impulso desde los gobiernos, el trabajo, que será sometido el próximo mes a la aprobación del consejo asesor, califica de «destacable» el papel de la Administración dirigido a «garantizar un marco propicio para el éxito de
España en el proceso de convergencia con los países más avanzados de Europa en el ámbito de Internet», un marco que debería «asegurar que existe una provisión óptima de infraestructuras de comunicaciones y que el entorno regulatorio permita el desarrollo de una amplia oferta de servicios y aplicaciones innovadoras –buenas leyes de competencia, acciones coordinadas de política económica y educativa, etc.– puesto que son ejes centrales para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía».

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