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Pensar antes que acutar

Pensar antes que acutar

Pensar antes que acutar

H ay cosas en la vida que requieren de un proceso de reflexión previo a la toma de una decisión, especialmente cuando aquello sobre lo que hay que decidir conlleva un compromiso definitivo o, por lo menos, a largo plazo. En esos casos, evaluamos los pros y los contras, la situación de partida, el objetivo que queremos alcanzar, los factores que pueden condicionar el escenario futuro. Es un ejercicio lógico, necesario y saludable. La Comisión Europea no tiene la costumbre de realizar ese ejercicio de reflexión antes de tomar decisiones, por lo menos en lo referente al sector agroalimentario. Y, si lo hace, no tiene a bien compartirlo con los interesados. Hemos insistido hasta la saciedad, con poco éxito debo decir, en la necesidad de realizar estudios de impacto previos a la firma de acuerdos comerciales con terceros países, por ejemplo.

El último caso son las implicaciones del Pacto Verde en todas las políticas comunitarias, entre ellas la PAC. Sobre esta cuestión, es necesario un estudio de impacto que cuantifique el incremento de costes estimado para los productores, en función de las nuevas exigencias; las implicaciones en la competitividad de nuestras producciones en los mercados; o el efecto que supondría que terceros países puedan seguir produciendo con sus estándares y que la UE no sea capaz de exigirles aquello que obliga a cumplir a sus propios agricultores. La Comisión no ha dedicado tiempo a ello. Al menos, no todo el que debería. Sin embargo, sí que lo ha hecho el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Si es sangrante que la UE no evalúe adecuadamente el impacto de las medidas que adopta, peor es todavía que sean otros los que vengan a hacer ese trabajo. Sobre todo, cuando los datos que arroja el informe no son nada buenos: la productividad de nuestra Agricultura podría descender hasta en un 12 % y nuestras exportaciones agroalimentarias en un 16 %. Ello conduciría a un descenso del PIB comunitario estimado en 71.000 millones de dólares, que podrían ser más en función del impacto comunitario o global de las medidas propuestas. Y eso por no hablar del incremento del precio de los alimentos, que no repercutiría por supuesto en los agricultores. ¿Cuesta mucho pensar antes de actuar?

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