La asociación de vecinos Bonilles-Romeu amenazó en el pleno con denunciar a la empresa Lafarge «por ilegal y al ayuntamiento por inactividad», avanzó la portavoz del colectivo, Elena Azpilizcueta, quien acusó a los distintos gobiernos que han pasado por el consistorio de atender solo a determinados informes de técnicos municipales «que eran los de una empresa privada,-refiriéndose a Lafarge-, desoyendo otros». Entre estos, Azpilizcueta recordó que hay un informe del secretario municipal en el que se dice que el convenio firmado con la empresa «queda actualmente invalidado al ser denegada la DIC (declaración de interés comunitario), dijo. A éste se suma otro de Medio Ambiente y otro de Urbanismo donde se indica que esta cantera «contraviene la ley forestal». Mientras ortos vecinos exhibían pancartas, también puso encima de la mesa la Ley de Estrategia Territorial de 2011, que expone que antes de ubicar una cantera a menos de 10 kilómetros del litoral deben buscarse otras alternativas y, que a su juicio no ha contemplado la empresa, si bien ésta siempre ha mantenido que ella tiene todos sus permisos en regla para continuar sus extracciones. También insistieron en que la documentación presentada por Lafarge para ampliar la actividad a las Margas «no se ajusta» al Plan General de la localidad.
Para los vecinos, el ayuntamiento «está permitiendo el expolio de un bien natural, además de que debe hacer cumplir la ley y no lo hace», lo que puede convertirse en una presunta prevaricación, declararon a Levante-EMV.
La concejal de Medio Ambiente, Teresa Garcia, contestó que se están intentando conciliar los intereses de vecinos y empresa» y que esto pasa por «el respeto a la ley. Las actuaciones en monte público no están permitidas —refiriéndose a Romeu— y hay que buscar alternativas fuera; la montaña de Romeu es una infraestructura verde y por ello goza de una especial protección».
Sobre este asunto también se pronunció el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, quien dejó claro que «la viabilidad de la factoría pasa por el respeto a la ley», un marco legal que ha cambiado y que en estos momentos no permite la actividad extractiva en monte público, dejando clara su oposición a la ampliación a la zona de Margas. «Queremos buscar el futuro, lo otro es seguir con los enfrentamientos», dijo Fernández.
Garcia también informó de la petición que ha hecho a la conselleria para que, en la tramitación de la ampliación, cuente con los vecinos y colectivos como el Centre d'Estudis o Agró, que han presentado alegaciones.
