Un hombre ha sido condenado a más de cuatro años de prisión y al pago tanto de indemnizaciones por un valor cercano a los 57.000 euros como de una multa de 2.160 euros, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer su pertenencia a un grupo criminal dedicado a la estafa agravada por el delito de falsedad en documento oficial, según el fallo dictado por la Audiencia Provincial de València al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Este hombre ha sido el último en ser juzgado como integrante de una banda de al menos 10 personas dedicada a la adquisición de terminales telefónicos e informáticos de alta gama, haciéndose pasar por clientes reales de las operadoras, a los que se cobraba una compra que iba a parar a las manos de este grupo criminal que se encargaba de su reventa para obtener un beneficio económico ilícito. Esta suplantación de identidad afectó a personas de Galicia, País Vasco, Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña y la Comunitat Valenciana, al menos en los cerca de 80 casos probados.
El modus operandi se basaba en la obtención, a través de empleados de varias compañías telefónicas, de listados con los datos personales y bancarios de clientes, que la banda utilizaba para adquirir principalmente teléfonos de última generación, modificando el domicilio de entrega para quedarse con ellos. Estos cómplices no pudieron ser identificados durante la investigación dirigida desde los juzgados de Sagunt y el cuartel de la Guardia Civil del Port.
Amenazas
Para recoger el envío, según detalla la sentencia, los criminales contactaban con trabajadores de oficinas de correos como la del Port de Sagunt o de empresas de mensajería, a los que, mediante amenazas en algunos casos, ofrecían dinero a cambio de que no fuera necesaria la presentación de documento alguno para justificar la titularidad del paquete. Otra forma era falsear el DNI o el permiso de conducir del supuesto comprador, con datos del cliente real a los que añadían una foto del miembro de la organización encargado de recoger el terminal telefónico o informático.
Estas entregas se redirigían a Sagunt, Canet d'En Berenguer, Benifairó de les Valls o Albalat dels Tarongers, además de otros municipios valencianos, manchegos, andaluces y murcianos. El último paso en el proceso delictivo consistía en la venta de este material a otras personas que sabían de la procedencia ilícita de la mercancía, quienes, a su vez, la revendían a otros usuarios que desconocían la trama y que los adquirían como móviles de segunda mano.
Tras meses de investigaciones, los registros practicados por la Guardia Civil en las viviendas de los integrantes de la banda permitieron demostrar su culpabilidad, al encontrarse varios listados con los datos de clientes de las compañías de telefonía móvil, así como decenas de terminales e instrumental para la falsificación de documentación.
