El malestar por las expropiaciones en Parc Sagunt II augura más litigios

Parecía una oportunidad de oro, pero puede convertirse en un quebradero de cabeza. Esa es la sensación agridulce que tienen algunos agricultores con cultivos en la partida de Montíber de Sagunt, terreno elegido para instalar la macroplanta fotovoltaica asociada a la gigafactoría que Volkswagen va a instalar en la ciudad.

Estos propietarios comparan la posible expropiación de sus tierras con lo que está ocurriendo en Parc Sagunt II, donde el proceso se ha judicializado. Según denuncian desde la asociación agrícola AVA-ASAJA, la empresa pública encargada de toda las gestiones, Espais Econòmics Empresarials, formada por la Generalitat y el Estado, ha decidido llevar a los tribunales a unos 800 agricultores para ahorrarse la diferencia que hay entre la cantidad ofrecida y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación. 

«Nos tememos que en Montíber ocurrirá lo mismo. Le darán el dinero a Iberdrola como se lo están dando a Volkswagen», opina José Sevilleja, un agricultor con 5,5 hectáreas de cítricos en Montíber. «Esto sentará un precedente», asegura el vicepresidente de Ascosa-AVA, también con cultivos en la zona, quien pide que no se mencione su nombre por discreción. «En Montíber intentarán expropiar como lo están haciendo ahora, el precio servirá de referencia, y la movilización actual de los agricultores ayudará a que la gente no caiga en la trampa, porque lo de Parc Sagunt II fue un ‘enfilat’», dice comparando la compra de terrenos con un método ilegal de caza de aves. 

En ese sentido, al margen del actual conflicto en los tribunales, el agricultor opina que las primeras expropiaciones en el terreno para la gigafactoría no fueron ni éticas ni estéticas. «Antes de la inminente expropiación se adquirieron parcelas por compraventa, cuando el precio final fue ligeramente superior. Fue feo que la Administración comprase así, a bajo precio, un 25% del terreno. Y ya el colmo es que Espais Econòmics Empresarials vaya en contra del jurado de expropiación», señala el agricultor.

«La gente está muy nerviosa», añade Francisco Campillo, presidente de Ascosa-AVA Sagunt, sobre el sentir general de los agricultores de la zona. «Quieren saber qué pasa y no paran de preguntar». El representante cuenta que desde su asociación han intentado contactar con la empresa pública que gestiona las expropiaciones, pero de momento no han recibido contestación. «Lo que no puede ser es que nos hagamos cargo nosotros de los gastos. Que nos quiten la tierra y nos paguen unos precios insuficientes para trasladarnos a otras tierras», lamenta Campillo.  El portavoz agrícola sospecha, no obstante, que las demandas de la empresa pública responden a una estrategia para retrasar la inversión. «Es difícil que un juez le quite la razón al jurado de expropiación, de modo que seguramente se están gastando 145.000 euros en procuradores para alargar el proceso, algo que además agota la gente», apunta Campillo.  

Su sospecha contrasta con la sensación de «gran oportunidad» que produjo a muchos agricultores la noticia del macroproyecto, quienes creen que tanto la gigafactoría como la planta solar pueden aportar unos ingresos que de ninguna manera obtendrán con sus cultivos, afectados por una crisis de la que no se intuye el final. 

Por eso, no entienden que se haya montado una plataforma en defensa de Montíber y que ésta, además, cuente con el respaldo de Compromís. «Hay dirigentes políticos afectados por Parc Sagunt II que no dijeron nada, y ahora como no les afecta Montíber se manifiestan, afirma el vicepresidente de Ascosa-AVA. «El 30% de Montíber es terreno perdido. Yo prefiero la expropiación al cultivo porque las generaciones que vienen detrás no tendrán ni para comer», añade Sevilleja. «Lo ideal es que se pongan las placas en este terreno de minifundios y se creen grandes parcelas en otro sitio donde se mecanice la producción», cierra Campillo sobre un proceso que se mira en espejo de Parc Sagunt II.

Precisamente, AVA-ASAJA ha convocado hoy a las 18:15 una reunión en Sagunt para explicar a los asociados el procedimiento judicial que la Administración ha iniciado contra quienes no aceptan sus precios por las expropiaciones en los terrenos de Volkswagen. 

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