Los impagos de Sagunt por la desalinizadora ya rozan los 9 millones

"Estamos trabajando en ello". Esa es la eterna cantinela que rodea a las negociaciones entre el Ayuntamiento de Sagunt y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) con la amortización de los más de 43 millones de la construcción de la desalinizadora como telón de fondo, a los que habría que añadir los costes fijos de explotación.

Con el procedimiento judicial que enfrenta a ambas partes suspendido y la esperanza de que la gigafactoría de Volkswagen también sirva para desbloquear esta situación, fuentes estatales han insistido recientemente en que la postura municipal de no aceptar los acuerdos transitorios obliga a "aplicar lo estipulado en el convenio vigente de 2007". Según este documento y las facturas que Acuamed empezó a remitir al consistorio en 2019, con medias próximas a los 185.000 euros mensuales, los impagos de Sagunt en concepto de amortización y explotación de la planta de desalinización ya rozan los 9 millones de euros.

La última propuesta fija un periodo hasta final de 2025 para que el consistorio pague una parte de la amortización

Desde la empresa estatal reconocen sobre la adenda al convenio que "en octubre pasado, le remitimos al ayuntamiento otra propuesta y estamos a la espera de la contestación". Esta proposición "fija un periodo transitorio hasta diciembre de 2025 en el que no recuperaríamos íntegramente los costes. Ya a partir de enero de 2026, el ayuntamiento tendría que pagar todos los gastos tanto de la amortización como de la explotación", según precisan desde Acuamed en palabras a Levante-EMV.

Antes de estas aclaraciones, el pronunciamiento previo por la desalinizadora de Sagunt fue como réplica al senador de Compromís, Carles Mulet, quien urgió al Gobierno a avanzar en este tema "con la asunción por parte del Estado del coste total derivado de la construcción y puesta en marcha de la planta", una reclamación que se ha repetido en este foro, en el Congreso, les Corts y en todos a los que el consistorio ha podido llevar su voz.

Sin clientes

En su respuesta, fechada a 30 de enero de este año, se recuerda que en el convenio original "los usuarios finales se comprometen a asumir el coste de construcción de la desaladora", algo que la falta de clientes deja en manos del ayuntamiento. Acuamed "remitió una propuesta de acuerdo provisional autorizada por el Consejo de Administración con una tarifa transitoria para iniciar el suministro de agua desalada en unas condiciones aceptables para el Ayuntamiento de Sagunt".

Entre sus cláusulas destacaban el "traslado proporcional de los costes operativos incurridos en el suministro y la suspensión temporal de la recuperación de la inversión durante un periodo máximo de tres años", un plazo en el que "se buscarían usuarios que contribuyeran a la amortización compartiendo esa carga con los actuales". Sin embargo, el rechazo municipal a este acuerdo hizo que "se aplique lo estipulado en el convenio vigente de 2007", según el cual Acuamed "comenzó a facturar al Ayuntamiento de Sagunt en octubre de 2019".

Prórroga de 60 días

La negativa municipal a hacer frente a estos pagos llevó a la empresa estatal a reclamar sus derechos en los tribunales, en un procedimiento que está suspendido tras una petición del consistorio, que fue aceptada por Acuamed. A este respecto, la empresa pública señala que "se ha solicitado una prórroga adicional de 60 días. Durante este periodo intentaremos llegar a un acuerdo para formalizar la adenda del convenio".

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