Cinco años después de que la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, llevara hasta la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en la forma de actuar de un aparejador municipal, la Audiencia Provincial albergará el juicio ante un jurado popular contra José-Alan O. R., por un supuesto delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La fiscalía solicita dos años de prisión, cuatro de inhabilitación para empleo y el pago de una multa de 43.200 euros al considerar probado que el funcionario acelereba las licencias urbanísticas que le llegaban de un ingeniero determinado con el que acordó repartirse la mitad de lo que éste facturase a sus clientes. Según las pesquisas, el funcionario se embolsó unos 62.000 euros con el entremado que había montado.
Fue la propia alcaldesa la que en octubre de 2015 comunicaba en una rueda de prensa la detención del aparejador y del ingeniero. Según explicó, personal de la Oficina Técnica de Urbanismo del ayuntamiento comenzó a sospechar del citado aparejador en la tramitación de licencias. Los técnicos alertaron de que gran parte de los expedientes de licencias de actividad, en muchos casos correspondientes a pequeños comercios , sobre los que informaba el aparejador tenían a un mismo ingeniero como responsable redactor de los proyectos de legalización presentados. Además, ese mismo profesional también había visado otros planes de autorización de obras realizadas sin licencia o para carpas en las terrazas.
Largo proceso judicial
La dilatación del proceso judicial se ha debido a que el asunto fue remitido en 2017 al juzgado de lo penal de València, pero este lo devolvió al juzgado instructor al determinar que la causa no era de su competencia debido a la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los delitos que son compentencia del jurado popular, petición formulada por la fiscalía. Tras realizar los cambios oportunos conforme a la Ley del Jurado, el juez de Quart lo remitió de nuevo a la Audiencia, que ha fijado el juicio para la primera semana de mayo de 2020.
En su escrito de calificación, el ministerio público determinaba que exaparejador e ingeniero diseñaron un perfecto plan en el que el funcionario municipal derivaba hasta el ingeniero a todos los interesados en pedir licencias urbanísticas en Quart, a cambio de percibir el 50% de lo que facturase al cliente.
La relación del ahora exaparejador Jose-Alan y del ingeniero Luis S. F. se remonta a 2002, cuando el último le presentaba al técnico municipal proyectos para la empresa en la que trabajaba. La conexión se fue estrechando cada vez más, hasta el punto de que el aparejador le propuso que realizara proyectos para Licencias de Actividad inicialmente en Mislata y Aldaia facturando cada uno su parte del trabajo.
Entre 2011 y 2015, y pese a la incompatibilidad del técnico municipal, éste indicó al ingeniero que le había salido un trabajo en Quart y dado que él no podía intervenir, le facilitó el número de teléfono de una persona interesada en la realización de un proyecto para solicitar licencia, para que se pusiera en contacto con ella a fin de que lo materializase. En otros casos se produjo la situación inversa, es decir, el técnico dio el teléfono del ingeniero y era el solicitante el que contactaba con éste.
El exaparejador comentó al otro acusado que sería el ingeniero quien tendría que facturar dada su incompatibilidad y que le debería luego entregar la mitad del dinero cobrado. Éste accedió a la pretensión debido a la necesidad de aumentar sus ingresos. El técnico municipal se encargaba de acelerar la tramitación de expedientes que provenían con la firma de su colaborador.
De la información remitida por el ayuntamiento se desprende que el ingeniero, pese a no ser de Quart y encontrarse su despacho en Alcàsser, fue el técnico que más proyectos presentó en ese periodo -22- la mayoría de ellos en 2014, continuando con la misma proyección en 2015.
De este modo, los expedientes que se tramitaban en el despacho profesional del ingeniero eran resueltos en tiempo récord en comparación con los que no tenían origen en ese despacho, con desproporciones temporales tan significativas de 131 días a 1.215 de otros despachos. El exaparejador obtuvo a raíz de su actividad delictiva, según el relato del fiscal un beneficio ilícito de 62.000 euros, la mitad de la facturación que realizó el ingeniero en Quart.
El técnico destinó parte de este dinero con origen delictivo a comprar un vehículo marca BMW X3 y a amortizar parte de un préstamo con la finalidad de ocultar el origen de los fondos que disponía y garantizarse integrar el dinero ilícitamente obtenido en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita. Tras su detención, solicitó la baja médica y no ha regresado al consistorio.
La Fiscalía, a su vez, solicita para Luis S. F., el ingeniero arrestado, una pena de nueve meses de prisión, que podría conmutar abonando una multa de 6.480 euros, además de otra sanción de 4.320 euros. El ministerio público le imputa el mismo delito pero a modo de cooperador y le aplica la circunstancia atenuante de confesión.
