Ya es oficial. El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado el aplazamiento a diez años para las devoluciones de los 6.000 millones de euros que las entidades locales debemos reembolsar a las arcas del estado por la liquidaciones incorrectas de los anticipos a cuenta de los ejercicio 2008 y 2009, que había realizado el anterior gobierno de España. En la reunión de la Comisión de Administración Local se adoptaron éste y otros acuerdos que pretenden ser un salvavidas para la agónica situación de las arcas municipales a lo largo y ancho de la geografía española. No es un problema que se circunscriba a la Comunitat Valenciana, es un problema de todo el Estado, y como tal debe abordarse como un gran pacto de Estado, sin demora y sin fisuras partidistas.

En lo que sí que hemos sido pioneros en la Comunitat Valenciana, con el respaldo unánime de la totalidad de los partidos con representación en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha sido en solicitar este aplazamiento y otras muchas medidas que son reivindicaciones tan antiguas como justas. Ya el 7 de noviembre del pasado año, la junta de portavoces de la FVMP así lo acordó y así lo trasladamos al anterior ministro de administraciones publicas.

Así mismo, reivindicamos tanto una financiación justa como un catálogo, ajustado a la realidad, de las competencias que tenemos atribuidas y las que no, así como la aportación económica que debemos recibir para atenderlas con la rapidez y eficacia que nuestros conciudadanos esperan y merecen. No se trata de que la crisis nos hayamos vuelto más reivindicativos —como me apuntaba hoy un periodista—es que ahora empiezan a escucharnos. Parece que las luces de alarma, por fin dirigen su foco de atención sobre la extrema situación que los ayuntamientos vienen sufriendo desde siempre, y que situaciones angustiosas de quiebra técnica, impagos a proveedores y falta de servicios han puesto en el punto de mira de los medios de comunicación y demás administraciones.

Puedo alardear de que en mi discurso municipalista siempre he mantenido un idéntico tono reivindicativo, que si se hace un repaso por mis declaraciones públicas en comparecencias institucionales, o declaraciones a medios de comunicación he venido anunciando esta situación desde que tengo responsabilidades municipales, es decir, prácticamente todo mi tiempo en política, y tristemente hasta que no anuncié esta misma semana que había ayuntamientos de nuestro entorno para los que ya no había posibilidad de seguir adelante, el eco de mis palabras no sonó tan atronador como debía. Es cierto. Estamos viviendo un auténtico calvario para atender proveedores y nominas, y no permitiré que toda la responsabilidad se fije sobre presuntos excesos en épocas de bonanza.

La realidad es tozuda, y los números también, y lo he repetido incansablemente: la falta de financiación, la nunca acometida segunda descentralización, la atención a competencias impropias, y en general un marco normativo obsoleto no contribuyen a disipar la crisis que nosotros ya habíamos anunciado, solicitando medidas estructurales y legales, que permitiesen dar un respiro a nuestros ayuntamientos. Esperemos que aún no sea demasiado tarde para evitar en la medida de lo posible situaciones más asfixiantes y dolorosas como las que día a día soportan nuestros municipios y provincias.