Ya hay certezas inequívocas sobre los hechos que como ciudadanos de la Comunitad Valenciana (CV) hemos de asumir por duras que sean sus consecuencias. A pesar de las subidas de impuestos en los meses que llevamos de 2012, los ingresos fiscales de la Generalitad Valenciana (GV) han caído de forma espectacular. A lo anterior hay que añadir dos hechos que Levante-EMV y otros medios solventes han explicado con detalle este mes: nadie se interesa por los inmuebles que la GV había planificado vender para tratar de encarar su déficit de 2012 y ninguna empresa relacionada con la sanidad está dispuesta a pagar canon alguno por la gestión de las 18 áreas sanitarias que hoy todavía son de gestión pública. Son ingresos que se comprometieron y que no se van a producir en los próximos meses, lo que significa que el Consell propuso soluciones que se han mostrado alejadas de la verdadera dimensión de la crisis que vivimos. Si la inmobiliarias no pueden deshacerse de sus construcciones, no hay razón para que la GV lo pudiera hacer con los suyos y en lo sanitario, mas allá del debate de privatización, es evidente que nadie quiere montar una actividad relacionada con la atención sanitaria, cuando la propia GV, su principal cliente, no está en condiciones de hacer frente a las facturas que las empresas le pudieran presentar en los próximos meses.

El paso siguiente es tan inevitable como inminente: cerrar anticipadamente el Presupuesto de 2012 de la GV, posiblemente incluso a lo largo de septiembre. Son palabras mayores.

A la hora de contestar a la pregunta de lo que puede significar este posible cierre anticipado, conviene decir, nada mas y nada menos, que la Conselleria de Hacienda es probable que se vea obligada a cancelar cualquier tipo de subvención o transferencia de capita, que no esté en marcha, el día del cierre anticipado. Lo anterior es válido por mucho que estén previstas en el vigente presupuesto de la GV.

Tras el fracaso de las distintas iniciativas para recaudar dinero por parte de la GV y con el deterioro actual de sus arcas, esta medida, con todas sus contradicciones respecto a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, es la forma de cerrar el grifo del gasto no corriente. Recordar que, para bien o para mal, se trata de evitar que el desfase, en las cuentas de la GV, sea mayor que el comprometido por el Consell ante el Gobierno Central, la Comisión Europea y el resto de Comunidades Autónomas (CCAA).

El efecto de esta medida va a ser muy impactante en el día a día de los servicios que nos presta la GV. Posiblemente mas de lo que podemos suponer y ello sin entrar en el escabroso tema de las personas que esperan ser contratadas por la GV a partir de septiembre. Lamento decir que nadie ha sido capaz de enumerar con solvencia que actividades puede quedar paradas o suspendidas relacionadas con las obligaciones propias de la GV. Posiblemente haya pasado el momento de especular acerca de lo que pueda pasar, y hay que empezar a exigir una explicación detallada acerca de lo que nos aguarda. Si esta conversación con la ciudadanía no se produce de forma clara, en la CV corremos el riesgo de un deterioro de la convivencia.

Gestionar situaciones tan críticas como el cierre meses antes de diciembre de unos Presupuestos como los de la GV impone un esfuerzo político. Alguien deberá explicar la forma y para disminuir los efectos de este cierre que inevitablemente supondrá decisiones relacionadas con nuestra calidad de vida.

Quizás el lector tenga el reflejo de empezar a quejarse de lo «injusto» de esta situación, pero conviene decir que si queremos salir del pozo no hay tiempo para demasiados lloros. Además de buscar culpables y aprender de tanta equivocación colectiva habrá que ponerse manos a la obra para superarlo cuanto antes, aunque lo que nos aguarda los próximos meses sea todo lo desagradable que se intuye.

Los valencianos, además de conocer la verdad, necesitamos reacciones políticas que estén a la altura de las dificultades que se dibujan. A los actuales responsables autonómicos es obligado decirles que, con independencia de lo que pueda ocurrir antes de fin de año, tienen que explicar, desde ahora mismo, lo que está ocurriendo con nuestros ingresos y gastos, al tiempo que tratar de analizar lo que va a pasar en breve, incluida la desagradable posibilidad del desmantelamiento de algunas CCAA como la nuestra. No pueden pasar muchos días mas sin que las fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales de la CV hablen, pacten, planifiquen e impongan rigor a los que aquí vivimos. Con estas conversaciones y acuerdos no habremos puesto solución a nuestra quiebra financiera, pero si habremos dado un paso imprescindible camino de una clarificación de nuestras condiciones para afrontar el futuro. Es una condición necesaria en el intento de tratar de evitar una sucesión de rupturas en la coherencia social de la CV que nadie acaba de vislumbrar con claridad, pero que todos tememos.

Como en el resto de CCAA, tres son las principales obligaciones de la GV: la educación (muy tocada en lo que se refiere a los próximos cursos, pero que al menos es objeto de unas medidas de ajuste mas o menos conocidas, por duras que éstas sean); las políticas sociales (en franca disminución y con impagos crecientes, que hablan de una situación de retirada de ayudas y derechos que ahora deberemos poner en perspectiva colectiva, para saber como actuar frente a las necesidades de nuestros ancianos y disminuidos) y finalmente la sanitaria, posiblemente las mas equívoca de todas las decisiones tomadas.

Siendo importantes los efectos sobre la educación (las universidades se pueden encontrar también con sorpresas desagradables) y la política social están mas o menos anunciadas, sin embargo en el caso de la sanidad el planteamiento ha sido distinto en la CV, donde además de hablar de controlar mas las prestaciones correspondientes, la línea que ha seguido la GV ha consistido en poner en marcha determinados mecanismos para que la GV pudiera desembarazarse de su gestión.

En el caso de la sanidad, la GV, mas que hablar de recortes, ha intentado un cambio de modelo que no es posible y la situación se hace muy frágil. Desgraciadamente lo propuesto por el equipo del conseller Rosado no ha convencido a nadie, y mientras los déficit se han seguido acumulando en lo que llevamos de 2012. Posiblemente la conclusión del responsable de Sanidad en Les Corts del PSPV diciendo que el plan del Consell «tiene pies de barro», sea cierta, aunque no sea menos preocupante que desconozcamos la solución que se propone desde los grupos de izquierdas en cuanto a factibilidad financiera se refiere.

El problema es muy difícil y conviene ser riguroso a la hora de buscar alternativas. Son muchos los ciudadanos que están en el debate y la reivindicación de la sanidad pública, pero todo indica que desgraciadamente éste servicio, tal como la hemos conocido hasta ahora, está en vías de desaparición y hay que analizar lo que podemos salvar de él con los recursos que tenemos. Mas allá de toda posición fundamentalista y por desagradable que resulte asumirlo y con independencia de lo que cada uno de nosotros piense, conviene que tanto los usuarios como los trabajadores de la sanidad pública valenciana interioricemos que la GV actual no está en condiciones financieras de seguir funcionando y ello tiene mucho que ver con el posible cierre presupuestario que hoy nos ocupa.

La realidad que vivimos en este último cuatrimestre del 2012 es la de una falta de suministros hospitalarios cada vez mas evidente, la incapacidad para pagar los productos que dispensan las farmacias y la constatación que la posibilidad de recibir asistencia de especialistas en un tiempo sanitariamente eficaz es cada vez mas reducida. Posiblemente haya demasiado político superado por las circunstancias.

La situación de quiebra de la GV no puede ocultarse por mas tiempo y es obligado explicarla a la ciudadanía. No cabe duda que viviremos manifestaciones muy masivas, que muchos gestores sanitarios, con escasa formación y menos resultados deben ser despedidos y que medidas como la desaparición de determinados diputados en Les Corts imputados y carentes de cualquier autoridad moral deben desaparecer, mas allá de la indudable legitimidad de sus elección.

Los rigores de agosto no pueden ocultar a quienes vivimos en la CV que disponemos de evidencias que hablan de la dura realidad que ya vivimos. Cuando se abre la amenazadora posibilidad de cerrar el Presupuesto del 2012, meses antes del 31 de Diciembre, no valen ni paños calientes, ni verdades a medias, sólo altura de miras, inteligencia y honradez intelectual. Llamar a la reflexión y a la búsqueda de soluciones consensuadas es una necesidad vital.