Dos semanas después de la compra del Banco de Valencia (BdV) por Caixabank por un euro, (y 5.500 millones en ayudas) siguen sin respuesta muchos interrogantes sobre una costosa operación.Se atribuye a la peculiar arquitectura institucional de las cajas, entidades sin accionistas y por tanto ajenas a los mecanismos habituales de control de mercado, la politización de sus órganos de gobierno y el incremento del riesgo inmobiliario que ha conducido a su desaparición en España. Sin embargo, la presencia de consejeros dominicales en el Consejo de Administración del BdV, habitualmente denominado joya de la corona del grupo Bancaja, no ha impedido que una entidad con accionistas y cotizada en bolsa replicara como una gota de agua la estrategia comercial de su matriz. Y, por tanto, su destino: la desaparición. Ello a pesar de los incentivos de los principales accionistas, muchos de ellos empresarios valencianos de éxito, para ejercer un control riguroso de la gestión.

Si los que han puesto en juego su propio patrimonio no pudieron limitar la excesiva asunción de riesgos por parte del banco ¿cómo exigir que lo hagan los consejeros independientes que se sientan en los consejos de administración del resto de entidades financieras españolas?Por ello, un primer interrogante del fracaso del BdV es si el papel y la responsabilidad de los consejeros independientes están adecuadamente establecidos. O lo que es lo mismo, si no se corre el riesgo, de no redefinirlos, de que los profesionales más capacitados rehúyan participar en los consejos de administración de estas empresas para preservar su honorabilidad y/o su propio patrimonio.

La impericia en la gestión del BdV se salda con unas aportaciones de los contribuyentes de 5.500 millones de euros, (1.000 millones con su intervención por el FROB y 4.500 millones antes de la venta de la entidad a Caixa Bank). El orden de magnitud de las pérdidas, que representan aproximadamente el 30% de los activos del banco en 2007, suscita un segundo interrogante relacionado con la actuación de los sucesivos auditores y del propio Banco de España como supervisor, que sólo advirtieron el desastre cuando era demasiado tarde para la supervivencia de la entidad. A lo cual se añade un tercero, sugerido por la inexplicada discrepancia entre la aportación del FROB y las necesidades de capital estimadas por Oliver Wyman hace apenas dos meses (3.462 millones en un escenario adverso que España está lejos de alcanzar). Son demasiados millones para que no se explique de dónde surge la diferencia.

No acaban aquí los interrogantes de un rescate no explicado. Si ha resultado más costoso vender el banco que capitalizarlo manteniendo el control público de la gestión, ¿por qué se ha optado por la venta? Bruselas había exigido que el préstamo para sanear a los bancos españoles no se utilizara para capitalizar entidades inviables. Y el Banco de Valencia, con un grave deterioro reputacional y pérdidas acumuladas de 1.700 millones en los últimos 18 meses, fue incluido desde un principio entre ellas. Sorprende que la opción de liquidarlo se haya descartado sin más explicación.Según parece, un informe de Nomura cifra los costes de este hipotético proceso en 10.500 millones. Pero lo desconocemos todo acerca de cómo se llega a ese resultado, que otorga un gran poder de negociación a la entidad adquirente por cuanto una cifra por debajo de la anterior, parece demostrativa de la eficiencia de la decisión.

Pero nada se ha dicho de las hipótesis utilizadas para transformar el valor de los activos desde una base de devengo a una base de liquidación. Sin embargo, a nadie puede sorprender que la falta de transparencia en operaciones de tan elevado coste repercuta sobre la legitimidad y la aceptación social de las políticas de austeridad en curso.

Descartada la opción de liquidar, sigue sin ser explicada la cifra de 4.500 millones aportada para sanear la entidad, a añadir al esquema de protección de activos comprometido por el FROB. Si según Oliver Wyman tan solo se necesitaban 3.462 millones para cumplir con las necesidades de capital en el escenario adverso, los 1.038 millones restantes hay que explicarlos o bien por el poder de negociación del comprador o por las expectativas de un hipotético deterioro de las condiciones macroeconómicas en España, más allá de lo previsto por la consultora.El Banco de España otorga a la segunda opción una probabilidad remota. Por tanto, la hipótesis más plausible es la del poder de negociación de Caixabank, que adquiere toda su dimensión si interpretamos la operación en el contexto de la restructuración del sistema financiero español. Dada la centralidad de CaixaBank en dicho proceso, ¿es posible que la adjudicación del BdV constituya una contrapartida a otras operaciones aceptadas por la entidad catalana? Si así fuera, convendría que los contribuyentes tuviéramos información detallada tanto de este punto como de los interrogantes enunmerados. A fin de cuentas, pagamos la factura.