A pesar de que en la conciencia ciudadana se ha avanzado mucho en el aprecio y el interés por el patrimonio cultural, no es poco lo que queda por hacer. Más allá de la devoción hacia un monumento concreto, hacia una expresión artística o cultural particular, la frágil conservación de nuestro patrimonio cultural, apreciado en conjunto, necesita de la complicidad de los agentes políticos, sociales y culturales para llegar a un consenso que vele por la cultura y su preservación. La acción social ha cobrado una nueva dimensión en la defensa y custodia del patrimonio, actuando como verdaderos actores en su tutela, incluso por delante de las administraciones públicas. La sociedad contemporánea vela por los elementos de su pasado y su presente, otorgándoles un valor significativo como expresión de su identidad e instrumento para comprender y conservar su memoria y para apreciar y respetar la diversidad cultural.
En el presente, la condición patrimonial reside en la relación entre lo histórico y lo actual, y a través de diálogo continuo se generan nuevos significados. La conservación del patrimonio pasa por dotarlo de un uso social, cultural y vincularlo al desarrollo económico del territorio en el que se localiza, siendo además la difusión, la comunicación y la didáctica el seguro futuro para su correcta preservación. La crisis ha colocado en una situación de riesgo al patrimonio. La solución pasa por la rentabilización de la cultura que debe entenderse como motor del cambio y desarrollo de un territorio, una ciudad o un pueblo: la preservación del patrimonio cultural y la integración entre tradición (historia y patrimonio) y creación e innovación. El modelo de los distritos culturales basado en la conjunción de intereses sociales, culturales y económicos es el paradigma al que deberíamos referirnos como sociedad.
