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Todos somos sospechosos

El ministro de Justicia sigue sorprendiendo. Después de amenazar con recusar por falta de imparcialidad al juez que hereda de Pablo Ruz los casos Gürtel y Bárcenas, reflexiona ahora en voz alta sobre la posibilidad de perseguir judicialmente a los periodistas que publiquen filtraciones de sumarios en curso. En el primer caso, presumía Catalá una hipótesis prevaricatoria meses antes de producirse el relevo, cuando el nuevo juzgador no había visto un solo papel de la interminable instrucción. En el segundo carga contra el mensajero sin atajar la presunta culpabilidad de las fuentes filtradoras. Contradictoriamente, esos disparos afectan al funcionario o a quienes reciben confidencias de los funcionarios. Al parecer, todos somos sospechosos.

Ambas elucubraciones atentan contra la libertad, la de instrucción sumarial y la de información. No son un modelo de respeto democrático, cuya ausencia resulta tanto más precupante cuanto más explícita como expresión del criterio y el sentir de un miembro del gobierno. Si fueran emitidas por cualquier político sin potestad ejecutiva de general aplicación no pasarían de ocurrencias que retratan a quien las postula. Pero un gobernante estatal no debería permitirse especular con categorías que están muy por encima de su albedrío, pues con ello implica al gobierno en su conjunto. Por fortuna, les queda muy poco tiempo al señor ministro y al gabinete para tramitar reglamentariamente y publicar en el BOE esa clase de amenazas.

La auctoritas y la potestas, principios muy diferentes, se lían a tortas con frecuencia en las decisiones del actual Gobierno español, dejando en evidencia el sano ejercicio de la mayorìa que lo sostiene y contagiando a numerosos „si no todos„ los niveles de la pirámide territorial del poder. Esta realidad generaliza una prevención casi instintiva frente a las mayorías absolutas y la razonable preferencia por los pactos que conllevan la disciplina de la moderación desde una visión amplia y más inclusiva que la de una sola ideología en la praxis polìtica. Los acuerdos interpartidarios que antes de las elecciones ya excluyen al PP comparten un reflejo defensivo contra las arbitrariedades del rodillo. Con reflexiones como las de Catalá, entre otras muchas que llegaron al BOE, no sorprende la previsión de garantizar la calidad democrática con las mayorías pactadas que sean menester.

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