Excepto llamar a las víctimas del metro para poner fin a su injusto ninguneo institucional y telefonear a Rajoy para plantearle las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, todas las medidas que pueda poner en marcha el futuro Consell de la Generalitat cuestan un dinero que no hay en la caja. Y da igual que el presidente sea Ximo Puig, Mónica Oltra o Antonio Montiel.
Los partidos de izquierda han basado sus campañas en la restitución de la justicia social, eliminada o recortada durante el mandato del Partido Popular. Era injusto el copago farmacéutico: hay que quitarlo; los conservadores no pagan las pensiones de dependencia: no hay derecho a que su dinero se lo gasten otros en marisco; el cierre de RTVV fue un atropello a sus trabajadores y al pueblo valenciano en general: pues a reabrirla, aunque ya se verá si con los 1.700 empleados que tenía o con 600 o 700 (eso depende de a quién se le pregunte); hasta 200 millones de euros se deben a los titulares de ayudas a la compra de viviendas sociales: ¿habrá más injusticia que ir a comprar una casa, hacerse merecedor de una ayuda oficial y que durante años no la paguen, trastocando por completo la débil economía familiar? Pues hay decenas de asuntos como estos. Y es que la primera medida de justicia social es pagar lo que se debe a quien tiene el derecho de cobrar, sea un dependiente o un farmacéutico. El rescate de las personas que la crisis ha dejado náufragas empieza por ahí y por crear nuevas ayudas para quien tiene poco o nada. Y eso también es dinero. Y no hay nada en la caja, como muy bien recuerda cada lunes en estas páginas el catedrático Gregorio Martín. Y tampoco hay de dónde sacarlo. Los gobiernos de Alberto Fabra han puesto en venta edificios, locales, pisos, coches oficiales... y apenas ha podido escriturar alguna operación. Y el Gobierno que viene pretende desprivatizar la gestión, todo público y gratuito. El primer día estarán echando la culpa al anterior, como hace Rajoy a Zapatero. Bueno, eso si llega un primer día, que no está claro.
