Somos de los que consideramos que la financiación que recibe la Comunitat Valenciana del Estado es injusta desde hace décadas. Es bien conocido, de acuerdo con todos los estudios realizados por organismos públicos o privados, que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana se encuentran entre los que más aportan y los que menos reciben del Estado. Y esta situación no solo se ha dado en épocas de bonanza, sino también durante la crisis económica que sufrimos. La deuda pública valenciana ronda en la actualidad el 40 % de su PIB, cifra importante pero pequeña si se compara con la total del Estado, o la de la mayoría de los Estados de la Unión, y será necesario reestructurarla. Y por otra parte, como ha recordado recientemente el ministro de Hacienda, la Comunitat Valenciana está incumpliendo su compromiso de déficit para 2015. Son dos herencias envenenadas que deja el gobierno del Partido Popular al gobierno de Ximo Puig. Pero la continuidad de las instituciones, regla de oro de las democracias occidentales, impide que puedan obviarse. No hay más remedio que asumirlas, aunque recordar su origen al ministro de Hacienda es una buena baza política.
Parece inevitable que la Generalitat, de manera inmediata, solicite la ayuda del Estado para cumplir hasta el final de este año natural con las obligaciones ineludibles del estado de bienestar (un nuevo fondo de emergencia al estilo del FLA y otros), habida cuenta del estado de las cuentas públicas que ha dejado el Partido Popular. Pero este asunto, con ser urgente, no debe marginar el problema principal, el de la financiación de la comunidad a medio y largo plazo. Mejorar esa financiación exige recordar algunos postulados y dejar clara una metodología y una estrategia para cambiar el sistema actual.
En primer lugar, no debe olvidarse que el principio de solidaridad, que consagra la Constitución, rige entre ciudadanos y entre comunidades autónomas. De manera que no debe ni seguirse ni aceptarse la tesis extendida desde algunos partidos nacionalistas consistente en que el montante de la recaudación del Estado de los impuestos que pagan empresas y personas en un determinado territorio debe retornar a dicho territorio. De acuerdo con este criterio, se incumpliría el principio de solidaridad y se pondría fin al Estado de las autonomías que nos hemos dado.
En segundo lugar, debe mostrarse el desacuerdo con los sistemas de cupos que son igualmente insolidarios, o con una solidaridad de los ciudadanos de determinados territorios con los de otros territorios concebida como un apoyo incondicionado e ilimitado en el tiempo. Acabamos de comprobar como las instituciones europeas han sido solidarias con Grecia exigiendo a cambio reformas profundas en su sistema económico y social. De manera que no sería descabellado revisar la financiación y políticas de las comunidades autónomas que desde el inicio de la etapa democrática han estado recibiendo la solidaridad de los ciudadanos de las demás comunidades autónomas sin que se hayan observado avances significativos en empleo, en el nivel de renta, en el nivel educativo y en un sinfín de parámetros bien conocidos. A dichas comunidades debiera exigirse las reformas que sean precisas para dejar de ocupar una permanente posición subsidiada.
En tercer lugar, debe sentarse como premisa para la negociación que la financiación de los servicios básicos, los que igualan a los españoles, no puede ser diferente sea cual sea el lugar en que un ciudadano viva en España. Nos referimos a la financiación de la educación, la sanidad y algunos servicios sociales. Afortunadamente la caja única de la Seguridad Social garantiza la igualdad de las pensiones de todos los españoles sea cual sea el lugar en que estén empadronados. Justamente lo que sucede en materia de pensiones pudiera ser tomado como ejemplo en los demás servicios sociales básicos.
En cuarto lugar, no debe olvidarse que la Generalitat, en la actualidad, no tiene acceso a los mercados de deuda, de manera que solo puede financiarse a través del Estado y mediante los tributos que gestiona. Estos últimos deben revisarse. Y dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que la modificación del sistema de financiación de la Comunitat Valenciana (ni la de ninguna otra comunidad autónoma) no va a ser el resultado de una negociación bilateral Estado-Generalitat, sino que se producirá en el marco de una negociación multilateral entre el Estado y la totalidad de las comunidades autónomas (a salvo del País Vasco y Navarra mientras esté vigente su privilegiado sistema de financiación). De manera que teniendo en cuenta que todos los gobiernos autonómicos sostienen que el sistema de financiación es injusto y que sus comunidades están escasamente financiadas, para cambiar el sistema habrá que tener razón y ser capaz de acreditarla en varias direcciones. Es necesario confeccionar un auténtico memorándum sobre la financiación autonómica, la valenciana y de las demás comunidades autónomas, que ponga de manifiesto las deficiencias del actual sistema y las soluciones que se proponen, sin recurrir al argumento de las balanzas fiscales.
Si se consiguiera excluir del debate político la financiación de los servicios básicos, que debe ser igual para todos los ciudadanos, previo acuerdo de los parámetros correctores de los meros datos poblacionales (entre los que deben ser principales la población turística que tiene una incidencia especial en el gasto sanitario, en la seguridad ciudadana y en otros servicios), el debate debiera centrarse en las inversiones en infraestructuras de todo orden, en la inversión en investigación, innovación y tecnología y en un largo etcétera de proyectos inversores que deben afrontarse por el Estado y la Generalitat.
Será necesario analizar las inversiones del pasado (propias y ajenas), las inversiones que se proponen y los criterios que deben presidirlas. La eficiencia, por ejemplo, debería ser el criterio que presidiera las inversiones en infraestructuras, dejando en el olvido los criterios clientelares o populistas que han presidido un considerable número de las realizadas tanto entre nosotros, como en el resto del territorio español. Las inversiones en ciencia, innovación, tecnología y cultura deben igualmente atender a criterios de eficiencia. ¿Acaso es discutible, por ejemplo, que prestar una atención inversora preferente al Corredor Mediterráneo es fundamental para el desarrollo de conjunto de España? Pero aún así hay que demostrar que la indicada u otras inversiones son oportunas en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible.
La tarea no es fácil, pues será necesario, al margen de las urgencias del momento, convencer a los ciudadanos valencianos, a los ciudadanos españoles de los demás territorios, a los gobiernos de las demás comunidades autónomas y al Gobierno del Estado. Es hora de que incorporemos en los Estados miembros la metodología de la negociación que rige en las instituciones europeas: la negociación sin pausa fundada en documentos que analicen la realidad con gran rigor. Acabamos de contemplar un buen ejemplo de dicha metodología en lo sucedido con el caso de Grecia. De nada sirve el populismo y la demagogia, es necesario presentar los mismos argumentos en los cuatro puntos cardinales y en todos los foros. Europa es una aldea en que no resulta posible decir una cosa aquí y otra allá. Finalmente, todo se sabe y solo mediante argumentos bien fundados y una paciencia infinita es posible convencer a los demás. Apliquémonos el cuento, dice el refrán español.
