Nos han hablado tanto del «Impuesto al sol» que se nos había olvidado la «factura del sol» y la de aire, la que los españoles van a tener que pagar con sus impuestos por la arbitraria
-al menos en parte- decisión del Gobierno de aplicar retroactivamente una reducción de la prima que se pactó con cientos de ciudadanos, empresas y fondos de inversión que apostaron por las energías verdes, especialmente por la solar fotovoltaica. El gobierno socialista fijó un compromiso de pago por kilovatio producido que disparó la instalación de placas solares y puso a España como líder mundial en energía solar fotovoltaica. El propio ministro socialista Miguel Sebastián intentó frenar la avalancha de peticiones con un tímido recorte, su sucesor, ya con un gobierno del PP, José Manuel Soria, vino con el hacha. Cientos de inversores vieron cómo su «pacto» con el Estado español era roto unilateralmente y su prometedora apuesta dejaba de ser rentable para rozar el beneficio cero o incluso las pérdidas. Es como si usted pone un dinero a plazo fijo y el banco le comunica a las pocas semanas que no le puede pagar lo que había acordado. Seguro que usted se siente estafado
Lo ocurrido después era previsible: algunos inversores, sobre todo extranjeros, no iban a consentir sin más la arbitrariedad y recurrieron a los tribunales. España ha perdido su primer arbitraje internacional en el CIADI, órgano de Arbitraje del Banco Mundial, que tiene su sede en Washington. El laudo da una parte sustancial de la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y a su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg, que sufrieron los recortes. Y hay que pagarles. Si querían ahorrar, ahora pagarán, pagaremos, con intereses y costas.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional gracias a una sentencia que puede sentar precedente para el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.
Lo peor, además de tener que pagar cientos de millones, es que las políticas erráticas del Gobierno en esta materia han hundido la floreciente industria fotovoltaica y han situado a España a la cola de los países desarrollados en el uso de la energía inagotable del sol.
