Hace poco más de un mes, el Defensor del Pueblo entregaba en las Cortes Generales el informe anual de 2017 denominado Crisis económica y desigualdad. En él, se analiza el impacto social de la crisis económica señalando, por ejemplo, el importante aumento de la desigualdad entre los años 2008 y 2014, el incremento de la pobreza severa o, el hecho de que ha sido la población mayor de 65 años la que mejor ha resistido los efectos de la crisis «gracias a que han tenido garantizadas sus pensiones». No cabe duda de que disponer de un sistema de pensiones público ha amortiguado los golpes de la crisis en muchas familias. A pesar la escasa revalorización de las mismas que, recientemente, está siendo objeto de protestas multitudinarias en forma de manifestaciones por parte de los pensionistas. En definitiva, un informe demoledor que pone negro sobre blanco la realidad económica y social de nuestro país. No obstante, se reconoce en el mismo una mejoría en la economía española que habría empezado a revertir esta situación.
La mala noticia es que más allá de la crisis, de sus consecuencias y de una posible recuperación, las políticas neoliberales han venido para quedarse. El neoliberalismo en el contexto de la globalización económica y la comunicación en el ámbito de la red, es la difícil realidad a la que nos enfrentamos. El filósofo surcoreano Byung-chul Han advierte de un cambio en las formas de dominación del poder: del poder disciplinario a un poder inteligente, amable, que no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Más afirmativo que negador, más seductor que represor. Es la psicopolítica neoliberal que gracias al Big Data nos convierte en esclavos a través de una falsa idea de libertad.
A pesar de todo, es de agradecer que una institución como el Defensor del Pueblo haga un análisis tan realista de las consecuencias sociales de la crisis económica. Aquí, en la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges presentó en Les Corts el informe anual hace unos días. En este caso, se advierte de la falta de colaboración de algunas administraciones, especialmente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es, por tanto, la consellería que más sensibilidad social gestiona la que, al parecer, menos ha cooperado en el último año con la Sindicatura, justificándolo por falta de medios, especialmente de personal funcionario. Hace unos meses, el Defensor del Pueblo llevó ante la Fiscalía a una serie de ayuntamientos por la falta de colaboración tras reiteradas advertencias. La colaboración de la administración con esta institución es, por tanto, obligatoria. No caben excusas.
En aras de una buena salud democrática, es fundamental que nos dotemos de instituciones independientes del poder político, con autonomía y capacidad suficientes como para permitir una eficaz supervisión de la actividad de la Administración frente a la ciudadanía. En conclusión, es bueno que estas instituciones sean críticas con la gestión de la administración pública.
