14 de junio de 2018
14.06.2018

Limitar o no la solidaridad financiera

14.06.2018 | 04:15

Después de 40 años de experiencia del Estado autonómico, ya podemos concluir que el régimen de financiación de las autonomías es desequilibrado y desigual; y que urge una redefinición de la solidaridad entre regiones. Las fuentes de financiación más importantes que regulan los ingresos de las comunidades del régimen común son el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), el Fondo de Suficiencia Global y los fondos de Garantía y de Cooperación y Competitividad.

El más importante de ellos, el de Garantía de Servicios Públicos, se nutre de una aportación anual del Estado y, sobre todo, del 75 % de los ingresos tributarios de cada comunidad. Dicho fondo se distribuye en función de una variable denominada población ajustada o necesidades de gasto, que tiene en cuenta variables población, edad, dispersión geográfica, superficie e insularidad. Esta variable pretende ajustar las necesidades de financiación de cada comunidad a las necesidades de gasto de su población, teniendo en cuenta una serie de factores diferenciales. Por ejemplo, si una comunidad tiene un porcentaje más alto de población mayor de 65 años, que otra, su gasto en sanidad será mayor. Si, por el contrario, su población es más joven, quizá tenga un mayor gasto en educación. No es lo mismo atender en una comunidad con alta dispersión de la población, que en otra con una población altamente concentrada. En la primera es mayor el gasto sanitario y en educación que en la segunda.

Es en esta fase, que puede denominarse de nivelación horizontal, es donde las comunidades con mayor capacidad fiscal, transfieren fondos a las de menor capacidad o con menor riqueza, siendo tradicionalmente Madrid y Cataluña las que más fondos aportan, y Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia las que más reciben. Al final, la experiencia nos ha demostrado que después de la aplicación de la distribución de todos los fondos (financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado) el resultado es el siguiente, siendo índice 100 la media: La Rioja 122,6 %; Cantabria 122,3 %: Extremadura 114,9 %;Castilla y León 107,6 %; Asturias, 106,2 %; Aragón, 106,2 %; Baleares 105,4 %; Galicia 104,3 %; Castilla-La Mancha 101,7 %; Madrid 98,3 %; Andalucía 98,1 %; Canarias 97,9 %; Cataluña 97,2 %; Murcia 95,8 % y Comunitat Valenciana, 91,8 %. Traducidos a euros, estos porcentajes nos indican que la media se situó en el año 2014 en los 2.175 euros por habitante ajustado; y que en la Comunitat Valenciana la cifra resultó de 1.997 euros. Es decir, 177 euros inferior a la media (8,2 puntos). En suma, 860 millones de euros menos para esta comunidad en un solo año.

Pero el agravio para los valencianos viene de largo. Analizando las medias de financiación efectiva por habitante del periodo 2002-2015, sobre la media 100 (datos de la Fundación Fedea) las mejor financiadas han sido Cantabria, 120,81%; la Rioja, 120,25 % y Extremadura, 110,41%. En la cola: Andalucía, 97,96%; Murcia: 96,86 % y la Comunitat Valenciana, 93,13%.

El modelo en su conjunto no obedece a un criterio lógico de financiación ni de redistribución de la renta entre las comunidades autónomas, sino a un sistema para el mantenimiento de privilegios desde el inicio del traspaso de competencias y posteriormente, según los momentos políticos y la distribución de poder. Urge, así, poner límites o no a la solidaridad entre las comunidades autónomas. Lo cual enfrenta a los partidos políticos estatales con los autonómicos, a los partidos estatales entre si y a los propios partidos estatales con sus diferentes líderes autonómicos. Con un nuevo modelo, en el que todos reciban lo mismo por habitante ajustado, si se ajusta eficazmente, habría perdedores y ganadores; desde el punto de partida actual.

Por tanto, de cara a un nuevo modelo de financiación habría que incorporar a ese necesario gran pacto de Estado, entre otras, cuestiones clarificadoras sobre la capacidad normativa y de competencia en materia tributaria, y evitar duplicidades de funciones entre administraciones, clarificar concretamente las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y al Estado, replanteamiento de límites o no a la solidaridad, etcétera. Todo ello teniendo en cuenta las recomendaciones del informe presentado por el comité de expertos y a los votos particulares, cuya lectura recomiendo.

El problema no es solo técnico, lo es fundamentalmente político.

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