06 de julio de 2018
06.07.2018

En tierra quemada

Los incendios se apagan en invierno, sí, pero sobre todo con la aprobación de los presupuestos para el año siguiente. Y ahí está el pecado. Tratan de vendernos a la desesperada las supuestas bondades de los ´fuegos prescritos´, que es como llaman a quemar intencionadamente la vegetación en determinadas zonas para que ya no se queme cuando llegue el fuego.

06.07.2018 | 04:15
En tierra quemada

La prevención en incendios forestales no se puede improvisar. Si no, por definición, no es prevención. Por ello afirman nuestros mayores que «los incendios se apagan en invierno». Y tienen razón. Es la mejor época para llevar a cabo los trabajos de selvicultura preventiva y proceder a las nuevas plantaciones, contribuyendo con ello a reducir la continuidad de las masas de vegetación monoespecíficas, crear paisajes en mosaico y disminuir la cantidad de combustible. Además, se fomenta el empleo en las zonas rurales, se hace frente al cambio climático y se muestra a las generaciones venideras nuestro compromiso real con los bosques y la biodiversidad.

Ante la llegada de los calores estivales brotan, como es natural, las noticias relacionadas con los incendios y, tristemente, también con la corrupción en la lucha contra el fuego. Se suceden las informaciones promovidas por los sectores con intereses en el sector, bien sean intereses económicos, como los de las empresas de extinción, bien sean sociales y políticos, como los que proceden de nuestras instituciones, sea la Generalitat o las diputaciones. Y es normal que así ocurra, porque toda precaución es poca dado que el verano se presenta. Lo que no es normal es que el verano comience con la detención de algunos de los máximos responsables de la lucha contra el fuego.
Hemos disfrutado de una primavera finalmente lluviosa, que alivia los pantanos y calma nuestra ansiedad ante la falta de ag
ua y el avance de la desertización. Pero al mismo tiempo saltan todo tipo de alarmas a causa del crecimiento vegetativo natural de las plantas: «El monte es un polvorín», «pueden arder más de 50.000 hectáreas en un único siniestro», «hay zonas de las tres provincias en la que es posible que se produzcan». O dicho de otro modo, las hermosas y prometedoras praderas floridas de esta primavera, pobladas de amapolas y malvas, son el anuncio terrible del fuego destructor que nos espera. O así nos lo venden. ¿Cómo hacer pedagogía social con estas ideas simplistas, desconcertantes y contradictorias, sobre todo cuando no se ha hecho lo que toca? Porque los incendios se apagan en invierno, sí, pero sobre todo con la aprobación de los presupuestos para el año siguiente. Y ahí está el pecado.

Según reconocieron al inicio de la legislatura la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez, y el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, la tercera parte de la superficie forestal de la Comunitat necesita tratamientos de selvicultura preventiva con una muy alta prioridad. Somos la segunda autonomía con más riesgo de sufrir grandes incendios forestales, es decir, aquellos que quedan fuera de la capacidad de control de los equipos de extinción, sean éstos los que sean. Y también afirmaron ante los profesionales, en un acto de sinceridad obligada, que las necesidades presupuestarias para gestionar las áreas forestales de la Comunidad Valenciana ascienden a una cantidad entre 130 y 150 millones de euros anuales.

Ante esta situación, sólo podemos considerar muy preocupantes los datos que facilitan estos días desde la conselleria que dirige Elena Cebrián. Si prestamos atención a los presupuestos, comprobaremos que únicamente van a destinar, en el marco de la campaña contra los incendios forestales de 2018, un total de 442.486 euros para el tratamiento de la vegetación de las zonas de interfaz urbano forestal. Es decir, la zona de contacto entre las áreas urbanas y las forestales, en las que se produce el máximo riesgo para la vida de las personas y se concentran los focos de inicio del fuego. O sea, que el dinero que le corresponde a cada uno de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana para proteger el casco urbano y las urbanizaciones del fuego destructor es de 816 euros. Para ser un poco más precisos, conviene aclarar una obviedad: esta iniciativa no va a llegar a todos los pueblos. Únicamente se va a llevar a cabo este tipo de actuaciones de prevención en 42 núcleos urbanos, uno (?) en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Valencia y 23 en la de Alicante. A esta miseria hay que añadir la precariedad y temporalidad de las contrataciones de efectivos para la lucha contra los incendios en la época estival; aún peor es lo del invierno, que se queda sin brigadistas a pesar de que habíamos coincidido en que es la época de apagar los incendios.

Andan algunos desesperados en la Conselleria de Medio Ambiente y en la Diputación de Valencia tratando de crear una espesa cortina de humo –valiéndose del miedo, la confusión y la propaganda– que todo lo oculte, abriendo el camino a quemar los montes y marjales valencianos. En poner en marcha una política de tierra quemada. Tratan de vendernos a la desesperada las supuestas bondades de los fuegos prescritos, que es como llaman a quemar intencionadamente la vegetación en determinadas zonas para que ya no se queme cuando llegue el fuego. Es cierto, tienen razón: pegarle fuego al monte y a los humedales valencianos sigue siendo lo más barato, y siempre lo será. Pero es un discurso tan simplista y tan contradictorio como oscuro y devastador. Sólo nos consuela que, como escribiera Pablo Neruda, podrán cortar, o en nuestro caso intentar quemar y corromper, todas las flores, pero no podrán detener la primavera.

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