19 de octubre de 2018
19.10.2018

Éstas son sus muertas

19.10.2018 | 21:10

Poco importa que el artículo 97 del Código Civil establezca que la custodia compartida es una medida de excepción, cuando la sacrosanta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha vaciado de contenido la norma sin necesidad de modificación alguna, incluso a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró la excepcionalidad.

Sí, estas son las muertas de la violencia institucional que se han ido intensificando desde que se promulgó la Ley Contra la Violencia de Género en 2004. Este fue el timbre de alarma. A partir de ese momento el machista «pacto seriado» (concepto elaborado por Celia Amorós) se puso en marcha y fue taponando todos los resquicios por los que se podía poner en peligro el poder del «buen padre de familia», título que no pierde el maltratador. Este ambiente es el que se vive en los mal llamados juzgados especializados, a lo que se añade la secular falta de credibilidad de las mujeres que en estos años ha crecido exponencialmente.

Efectivamente, las víctimas de esta específica violencia llegan a los juzgados en una situación emocional severa. Su fragilidad por la vergüenza, la humillación, el sentimiento de culpa, el miedo, incluso el pánico las hace caer en contradicciones, incoherencias. Solo pueden hablar de su sufrimiento y su petición de ayuda para salir del infierno. Frente a ellas, el estructurado y razonable discurso del maltratador que es quien ejerce el poder, quien ha manipulado constantemente a la víctima, quien sabe perfectamente cómo ha de comportarse ante el juzgado, y ello cuando no estamos ante un perfecto psicópata. Si se hiciera un estudio de los informes psicológicos cuando describen cómo se presentan ambos cónyuges, es realmente extraordinario lo que desde la perspectiva de género se podría concluir.

Si además no contamos con unidades de valoración del riesgo, dotaciones policiales no ya especializadas, sino simplemente suficientes, si es obvio que las órdenes de alejamiento son papel mojado, si no existen para las víctimas centros de recuperación integral que merezcan ese nombre, si la formación que se recibe en todas las carreras u oficios es absolutamente patriarcal, si de las universidades salen esos fiscales o jueces como el de La Manada o el de Madrid, o tantos otros que no han hecho fortuna en los medios y que son multitud, con comentarios más propio de algún tipo de parroquianos de bar, ¿cómo vamos a parar la sangría que suponen los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo y de menores por el hecho de ser sus hijas/os? ¿Y de qué otras herramientas se ha dotado la práctica judicial patriarcal?

Siguiendo ese «pacto seriado» empezaron por las inexistentes denuncias falsas, siguieron con la custodia compartida impuesta de manera generalizada. Poco importa que el artículo 97 del Código Civil establezca que la custodia compartida es una medida de excepción, cuando la sacrosanta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha vaciado de contenido la norma sin necesidad de modificación alguna, incluso a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró la excepcionalidad. Y así, actualmente los jueces de instancia fuerzan el acuerdo de las partes al inicio de la celebración del juicio oral.

Escuchar a las criaturas es un mero trámite y se hace en el propio juzgado, se les tiene esperando incluso horas en la misma sala de espera del juzgado donde está el conflicto. Brilla por su ausencia la investigación sobre como van a vivir en ese sistema. No se establece seguimiento alguno para comprobar «lo beneficioso» que resulta el mismo para el desarrollo afectivo-emocional de estas criaturas vivir simultáneamente en dos casas, dos espacios diferentes, dos maneras distintas de educar en todos los aspectos básicos de la vida. Y todo ello en aras de un derecho de las/os hijas/os a mantener el vínculo con ambos progenitores que se ha convertido en el derecho del padre a ejercer el poder y en demasiadas ocasiones a controlar a la mujer.

Y si hay que salvar el escollo de la negativa de los menores, para eso está el también inexistente síndrome de alienación parental (SAP) introducido según el Consejo General del Poder Judicial por ciertos equipos psicosociales o psicólogos, al que muchos acuden con toda suerte de eufemismos con el objetivo de orillar la palabra SAP, pudiendo de esta manera asegurar que están manipulados por la madre, ya que de otro modo los menores estarían encantados de vivir cada semana en un lugar, un espacio, un sistema de vida distinto, desapareciendo las necesarias rutinas en el desarrollo personal de esas criaturas.

Además, obstaculizando la posibilidad de probar quién se ha ocupado permanente del cuidado y atención de esos menores, con quien han establecido permanentemente la relación de apego. Y ello porque los centros escolares se desentienden de estos conflictos, los pediatras hacen otro tanto, los jueces no admiten testigos, etcétera.

Se dictan sentencias en las que un bebé de un año duerme cada día en una casa. Y si se trata de un lactante, la mujer debe proporcionar al otro cónyuge la leche materna. Este nuevo régimen impuesto comporta la permanencia del conflicto y la judicialización continúa, alimentando, junto a la falta de recurso para estos juzgados el exceso de trabajo, el colapso de los procedimientos y en definitiva el malestar, la incomprensión y el desgaste de los propios operadores judiciales que directamente repercute en la revictimización de la propias víctimas.

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