Después de convivir cuatro años en el mismo caldo botánico, los partidos del Govern han empezado a subrayar sus diferencias para cosechar los votos que se disputan en el mismo espacio electoral.
¿Que Vicent Marzà anuncia comedor escolar gratis para el 30 % de los chavales que aún lo pagan? Ximo Puig al día siguiente desvela que con él de presidente los universitarios valencianos que aprueben el curso completo tendrán matrícula gratis al año siguiente. ¿Que Pedro Sánchez impugna desde la Moncloa normas dictadas por la Generalitat? Mónica Oltra aprovecha la tribuna de portavoz del Consell para lanzar pullas al socio socialista.
Ha habido muchas diferencias entre el PSPV-PSOE y Compromís en la legislatura que concluye, pero la mayoría de ellas han permanecido soterradas. De hecho, la primera gran discrepancia se planteó en la escenificación del adelanto electoral. Puig sabía que Oltra iba a tomárselo muy mal, pero calibró con su equipo que el enfado no le venía mal del todo y la vicepresidenta hizo el resto: convocó a sus cuatro consellers y posó con ellos para la primera foto de la división del Gobierno valenciano, que desde aquel día no es único sino bífido. Minipunto para Puig, aunque seguro que a su pesar. Al fin y al cabo, es el presidente de todos y lleva mal el asunto de las divisiones, pero la batalla electoral exige que haya pugna. Y víctimas.
La pelea electoral está en el centro, como siempre, donde se ganan los comicios. El presidente lleva todo el mandato intentando ocupar ese espacio con propuestas del manual de la socialdemocracia y tratando de apagar fuegos avivados por los suyos o por los socios, como la salida del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la sanidad concertada o la vinculación entre la enseñanza de inglés a las horas de valenciano en la enseñanza pública.
La vicepresidenta, siempre combativa, no ha parado de tirar de la cuerda, como buena portavoz de una coalición nacionalista (sin ser ella nacionalista). Y ha dejado siempre claro que ella no busca el centro, que está en la izquierda, donde su mensaje compite con los de Podemos y Esquerra Unida. Ha ganado muchas escaramuzas, pero también ha perdido bastantes. Las tensiones que sacuden Compromís cuando el conflicto catalán cruza el rio Sènia hacia el Sur y un discurso político que solo alcanza a los ya convencidos han estrechado su base social, según apuntan las encuestas que se van conociendo. Las redes sociales, que la coalición naranja trabaja con un nivel de excelencia, tienen de malo que solo te siguen los de tu palo. Y así es poco probable conseguir más escaños. La vicepresidenta ya ha dejado caer que si sumando con Podemos obtiene más diputados que el PSPV-PSOE en las Corts Valencianes pedirá para ella la Presidencia de la Generalitat, pero su envite no ha tenido el eco esperado. La formación morada se ha desmarcado de dicha operación y los socialistas le han respondido a Oltra que solo habrá Botànic II si Ximo Puig es el presidente. Al fin y al cabo, aunque nadie quiera verbalizarlo, Compromís sólo puede mantenerse en el Consell si lo hace de la mano de los socialistas, y estos en cambio pueden tener el día 28 de abril una alternativa de gobierno autonómico con Ciudadanos, aunque la ferocidad electoral de Toni Cantó pueda hacer pensar que esto es imposible por ahora.
En el mismo terreno de marcar distancias, los nuevos líderes de Podemos ya se han cansado de formar parte del pacto botánico sin saborear las mieles del gobierno, si llega el caso. Rubén Martínez Dalmau, el candidato morado a la presidencia, quiere ser conseller. No quiere soplar y sorber al mismo tiempo, como han hecho sus predecesores. Y ya está sobre la mesa un plan para incrementar el número de conselleries hasta doce, trece o las que hagan falta, siempre que la suma salga.
La voluntad de bailar poniendo los codos entre los cuerpos, como en las verbenas de antes, ha llegado hasta la patronal. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro se ha sentido en la necesidad de poner por escrito en 115 apartados lo que espera de los partidos políticos ante las elecciones municipales y autonómicas de esta primavera. En la legislatura que termina, la organización se ha mostrado muy próxima al Govern de Puig, tanto que la lideresa del PP valenciano, Isabel Bonig, no disimula su distancia con la patronal. El anhelo de una financiación autonómica justa llevó a la entidad empresarial a ponerse tras una pancarta por primera vez en su historia el 28 de noviembre de 2017, compartiendo manifestódromo en València con el Govern, los sindicatos y decenas de colectivos sociales y políticos. Con Mariano Rajoy en la Moncloa, los populares se quedaron en casa viendo «Juego de tronos» y apuntaron el desaire en su libreta azul.
Navarro, prudente, ha preferido ahora reclamar al arco parlamentario resultante de los comicios lo mismo que exigía en las calles: financiación autonómica justa; diálogo social como instrumento para el desarollo de la Comunitat; una estrategia de atracción y retención de inversiones; colaboración público-privada de verdad, no de boquilla; agua suficiente para las necesidades valencianas, Formación Profesional de calidad; apoyo a la internacionalización de las empresas; exigencia de calidad a productos de terceros países en el mismo nivel que se demanda a los productos valencianos en Europa, a propósito del lío de los cítricos de Sudáfrica; y así hasta 115 puntos que se resumen en uno: el Consell tiene que apoyar a las empresas, que son las que tienen en su mano crear empleo y riqueza para el desarrollo de la Comunitat Valenciana. El presidente del Ejecutivo proclama insistentemente su disposición para colaborar con las mercantiles y al mismo tiempo su gobierno declara protegida la montaña que garantiza el futuro de la planta cementera de Lafarge en Sagunto; Puig da esperanzas a los promotores de Intu Mediterráneo en Paterna pero su consellera María José Salvador firma la denegación de la licencia y los responsables del Comercio neutralizan la llegada de nuevos proyectos y estrangulan la libertad de horarios invocando que su modelo es otro. La patronal lo que quiere es que las empresas dejen de estar bajo sospecha, como aún están por culpa de la década oprobiosa. Mientras no se normalice ese diálogo la sociedad valenciana mantendrá plomo en las alas.
