Leímos en este periódico hace unos días que el desencanto en la Comunitat Valenciana por las políticas europeas había hecho descender la participación del 69,43 % en las elecciones de 1987 al 41,93 % en las últimas, las de 2014. El dato, similar al del resto de España, causa alarma pues tal desencanto se ha generado en paralelo al progresivo trasvase de soberanía a Europa que nuestro país, junto con los demás miembros, ha hecho en esos treinta años. Caben pocas dudas, además, de que las políticas aplicadas durante la última recesión económica han agrandado la brecha entre las instituciones europeas y la ciudadanía española que ha soportado el austericidio impuesto desde Bruselas. Todo un caldo de cultivo propicio para despertar y estimular el fenómeno ultraderechista entre nosotros.

Y sin embargo, ya nada es imaginable para España al margen de Europa. El aislamiento forma parte de un pasado que ya no puede volver. Por tanto, el fortalecimiento de la ciudadanía europea es el único camino de futuro. Una ciudadanía que, en opinión de muchos, ha de tener la cohesión social como clave de bóveda de todo el edificio institucional, de modo que los problemas, entre otros, de desempleo, desigualdad, exclusión, pobreza, son de absoluta prioridad para los próximos años. La gravedad de los daños producidos por la gran recesión en el ámbito sociolaboral, en el de los servicios públicos, en el de la cohesión social y otros es incuestionable y ha afectado a la credibilidad de las instituciones y del propio proyecto europeo. La superación del aludido desencanto será posible si el llamado «pilar social» de la construcción europea deja de ser una expresión retórica vacía y se traduce en medidas concretas de obligado cumplimiento para los países miembros.

Lo sucedido en España con la Carta Social Europea, revisada en 1996 y aún pendiente de ser ratificada por nuestro Parlamento, no es ciertamente un hecho ejemplar para recuperar a ese electorado retraído. La Carta es, sin duda, el instrumento más avanzado de reconocimiento de los derechos sociales en Europa relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social y el bienestar. Y cierto es que la ampliación de derechos sociales que conlleva choca con nuestra Reforma Laboral de 2012 y con los recortes de esos mismos derechos. Y aún cabría añadir el temor de nuestros gobernantes a las posibles condenas y sanciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el encargado de vigilar y garantizar los compromisos que supone su aprobación, máxime cuando en los últimos años nuestros gobiernos se han mostrado tan entusiastas del neoliberalismo desregulador y privatizador.

Europa acostumbra a menudo a reconocer derechos a sus ciudadanos sin poner los medios para garantizar su efectividad práctica. Pero en este caso al menos, la Carta Social revisada incluye un protocolo adicional según el cual organizaciones nacionales o internacionales de trabajadores, así como ONGs, pueden denunciar a los Estados ante el citado Comité de Derechos Sociales por incumplimiento de sus compromisos. Es una vía que fue utilizada en 2017 para desautorizar a Francia e Irlanda por sus políticas de vivienda.

Otro paso más ha sido el documento conocido como Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en noviembre de 2017, y que establece una serie de principios y derechos para la política social y de empleo a escala nacional y europea. Para España, con altísimo desempleo y escandalosos porcentajes de contratos precarios de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, este nuevo documento europeo es una denuncia contra la situación sociolaboral existente. Ni siquiera la paulatina recuperación del PIB de los últimos tres años está disminuyendo la desigualdad alcanzada durante la crisis, puesto que el crecimiento económico se concentra en las capas más altas. Es en este contexto en que normativas como la que comentamos deben servir de contrapeso a los graves desajustes introducidos por las políticas liberales.

Frente a una mayoría que opta por el desencanto y el escepticismo, otros queremos recuperar con sentido crítico la Europa que durante décadas fue referente del Estado de Bienestar, que aprobó el valiente Acuerdo Schengen para la libre circulación de personas, que considera el pluralismo cultural y religioso como uno de sus basamentos fundacionales, que superó los particularismos nacionalistas como fuente de conflictos, y que proclama el sentido social como uno de sus principios rectores. Pese a las numerosas carencias y contradicciones que persisten, creemos que fuera de Europa se está peor que dentro.