El Gobierno de España no ha tenido más remedio que aprobar el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la situación de emergencia de salud pública a pandemia internacional el 11 del mismo mes. De esta forma se restringe la libertad de movimientos en las calles de toda España. Decretar el estado de alarma conlleva que la ciudadanía únicamente puede circular por las vías de uso público para la realización de determinadas actividades. Además, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de intervenir empresas alimentarias para evitar desabastecimientos, aunque esta actividad está totalmente garantizada.

Sin embargo, cada día que pasa, el endurecimiento (lógico) de la movilidad de la población, para frenar la propagación del maldito coronavirus, afectará a la población más vulnerable de nuestro país. En este sentido no podemos más que expresar nuestra satisfacción al conocer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dictado este lunes una instrucción en la que señala que el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, coordinará las actuaciones en materia de protección a las personas sin hogar en todo el Estado durante la crisis del coronavirus y pone al Ejército a su servicio para que ayude en lo que considere necesario.

La preocupación por la virulencia del coronavirus en las residencias de personas ancianas es evidente. Ya de por sí, estas residencias, tanto de ámbito público y privado, han sido cuestionadas por su deficiente gestión, ausencia de medidas y, en algunos casos, por maltrato a sus pacientes. No podemos permitir que el contagio se cebe en las residencias porque convierte a los mayores en carne de cañón. Exigimos a nuestra Generalitat y Servicios Sociales la inmediata intervención pública en todas las residencias, tengan o no casos de dicha enfermedad.

Si bien la actividad de las asociaciones vecinales ha sido suspendida por atender, primero a las recomendaciones de la Generalitat y, segundo, por el decreto de confinamiento, lo cierto es que sabemos, o deberíamos saber, qué personas vulnerables viven en nuestro edificio o nuestro entorno, y exhortamos al vecindario a que contacten con ellas diariamente y ofrezcan solidariamente el hacerles la compra, o ir a la farmacia a algún recado. La imagen del cabo primero Efrén y el soldado Iván, en Gijón, ayudando a una anciana con muletas, con las bolsas de compra hacia su domicilio, constata la necesidad de aportarles la ayuda necesaria.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha urgido al mundo a frenar el coronavirus, advirtiendo de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán millones de personas. «Se ha demostrado que el virus se puede contener. Tiene que contenerse». El jefe de UN reclama a todos los gobiernos medidas coordinadas a escala global tanto para responder a la emergencia sanitaria actual como a la crisis económica que se avecina. Y remata: «Tenemos que reconocer que los países más pobres y los más vulnerables, especialmente las mujeres, van a ser los más afectados».

Hay un problema, y es que buena parte de los países de los distintos continentes no disponen de un sistema sanitario suficiente, y la propagación del contagio será imparable si no reciben la ayuda y solidaridad de los países desarrollados. Si a esto le añadimos los millones de personas refugiadas, por decir algo, en los campos de refugio diseminados por extensos territorios de Turquia, Grecia, Jordania, Sáhara o Palestina, sin medios ni recursos ni protección alguna, su muerte está asegurada y premeditada. Cambiemos el rumbo, seamos cómplices de los ODS de la Agenda 2030: que nadie quede atrás.