Al Estado profundo se refirió Emmanuel Macron cuando detectó la reluctancia que parte de la diplomacia francesa dispensaba a los cambios en la política exterior. Este ejemplo permite preguntarse si existen zonas de resistencia en las estructuras administrativas que debilitan los poderes democráticos o frenan decisiones.
La democracia se supone sustentada sobre un Estado de Derecho alimentado por la igualdad ante la ley, la prohibición de conductas públicas arbitrarias y la transparencia de las decisiones gubernamentales. Los anteriores principios se aplican con carácter general; pero también es cierto que, como organización, la administración pública se encuentra expuesta a fuerzas internas y externas que pueden alterar lo que debería ser un modelo canónico de comportamiento.
En el origen de las anteriores fuerzas se hallan varias causas, parte de las cuales son internas: la consolidación de cuerpos funcionariales con una cultura identitaria que les proporciona una referencia existencial exaltada como superior a la de otros empleados públicos; los modelos de reclutamiento de los funcionarios que reproducen y blindan aquellas culturas; la aprobación de organismos con órganos propios de decisión, profunda autonomía ante los integrantes de la estructura político-gubernamental y una posición periférica frente a los órganos democráticos de control.
Un segundo grupo de alteraciones del comportamiento administrativo se observa en algunas áreas de dimensión relativamente reducida, pero de muy elevada especialidad técnica. En este territorio un gobierno puede chocar con funcionarios, organizados formal o informalmente, que comparten una determinada visión sobre lo que son las políticas públicas correctas, resultado de combinar ideología y argumentación técnica o de ocultar aquélla bajo ésta.
La tecnificación de la acción pública en algunos campos de elevada repercusión económica ha abierto otro campo para el Estado profundo. La regulación de algunas actividades se expresa con lenguaje, fórmulas y estándares sólo al alcance cognitivo de reducidas comunidades epistemológicas. Ello facilita que cristalicen círculos endogámicos en los que la distancia entre la protección del interés público y del interés privado se reduce a medida que ahonda el espíritu corporativo y se abren amplias oportunidades de saltar a la empresa privada desde la administración pública o viceversa.
¿Existe alguna capacidad de respuesta «micro» ante la erosión democrática que supone la presencia de diversas manifestaciones del Estado profundo? La transparencia, la forma de reclutamiento del personal funcionario y la capacidad profesional de los altos responsables de las administraciones públicas pueden ayudar a tal propósito.
La transparencia no consiste en facilitar cientos de miles de facturas públicas o decenas de proyectos e informes sobre normas de nueva implantación, como han comprobado quienes han intentado penetrar en tales laberintos. Transparencia es impregnar de comprensión la información pública, de modo que un ciudadano con grado de formación medio pueda formarse una opinión propia defendible ante la administración pública.
Respecto al reclutamiento del nuevo personal público cabe señalar dos posibles cambios: la existencia en todas las oposiciones de un módulo sobre democracia, ética y valores públicos y, asimismo, la diversificación de los formadores de los opositores. En esta dirección, y más pronto que tarde, cabrá plantearse que el acceso a la función pública disponga de un itinerario académico, alejado de círculos endogámicos y sometido a una evaluación continua que incluya la superación de amplios periodos de prácticas y el conocimiento de otras administraciones públicas.
Finalmente, los altos cargos de un creciente número de áreas administrativas necesitan de un bagaje profesional ajustado a su desempeño público. No se sostiene la atribución de la condición de «político» al titular de cualquier dirección general o cargo similar. No es político en el sentido anglosajón de politics, sino en el de policy y, como tal, es responsable de un área pública especializada que requiere de afinada capacidad de distinción entre interés público y privado, conocimiento experto, capacidad de diagnóstico y diálogo, organización de recursos, evaluación y aquellas competencias transversales que, junto a las profesionales, permiten navegar las aguas de las administraciones, incluidas las que protegen el Estado profundo.
