Hace unos días leí con preocupación la aprobación de la Ley de la función pública valenciana y en particular la referencia a la necesidad del conocimiento del valenciano para presentarse a una plaza pública. En realidad, esta viene a confirmar el Proyecto de Ley de 2017, incluyendo, lo que antes no hacía, a todo el funcionariado de la Comunidad. Leo ahora, en una reseña de Vox Populi, la defensa de Mónica Oltra sobre la imposición del valenciano a los médicos: “para un buen diagnóstico y acertar en el tratamiento hay que entender al paciente en su lengua”

Respecto a la primera, la Ley de la Función Pública, al margen de las dudas sobre su constitucionalidad, parece evidente que de ella se deducen dos cuestiones claramente imbricadas. En primer lugar, proteccionismo local y por tanto un cierto tufo nacionalista antidemocrático, y como consecuencia de esto, una discriminación a la población valenciana cuya lengua materna es el castellano y que, en general, no habla valenciano. En el año 2016 los habitantes de la Comunidad Valenciana cuya lengua materna era el castellano representaban aproximadamente el 60% (INE, 2016).

Respecto a lo segundo, naturalmente hay que entender al paciente, pero además hay que saber qué exploraciones complementarias realizar, cuales no realizar por inútiles o peligrosas y el coste beneficio de cada exploración. El tratamiento en ninguna especialidad es un juego en el que se acierta o no, es una actuación basada en criterios objetivos que unas veces cura y otras alivia y que, con empatía, hay que explicar, valorar y decidir de acuerdo con los posibles enfermos cuál es la mejor solución. En el proceso hay mucho que ganar o perder y por eso es tan importante que nuestros médicos sean los mejores posibles y los mejor formados.

El proteccionismo y la discriminación no es solo sobre los valencianos cuya lengua materna es el castellano, lo es también sobre el resto de los españoles. La consecuencia clara es que nadie de otra comunidad, tenga la valía que tenga, se presentará a una plaza de funcionario en la Comunidad Valenciana. Al final, proteccionismo endogámico empobrecedor.

La riqueza cultural y lingüística que el valenciano aporta a nuestra comunidad es incuestionable, entiendo que es una lengua minoritaria a la sombra muchas veces del español, que merece y debe ser protegida, fomentada y enseñada, y entiendo la dimensión afectiva que tiene su recuperación ….. pero ¿no sería mas razonable establecer la obligatoriedad de hacer una serie de cursos de aprendizaje durante el tiempo que fuera necesario una vez ganada la plaza? Además de aportar valor a nuestra comunidad, evitaríamos la sospecha de que esta política de implantación del valenciano obedece más a intereses un tanto espurios que a querer solucionar con sentido de realidad y justicia una aspiración legitima de parte de la misma.

Comentaba hace unos días Joaquín Estefanía en el País (La democracia no da la felicidad, 25 oct, 2020) que en España hay muchas cosas que no funcionan bien, pero la democracia no es la responsable. Se trata, decía, de un problema de inteligencia colectiva, de capacidad de aprendizaje, de selección de prioridades…. donde los políticos tienen su parte de responsabilidad. Comentaba, como el Banco Mundial observa que si hace dos décadas España estaba en el grupo de estados eficientes se ha ido quedando atrás poco a poco y se refería a la mala calidad regulatoria como una de las causas. Es difícil conseguir el apoyo social a unas medidas cuando se legisla sin acuerdos que intenten aunar y respeten los intereses de todos. En este caso, ignorando la realidad sociolingüística objetiva del bilingüismo en nuestra Comunidad.

Es necesario entender al paciente para un buen diagnóstico, y es necesario explicar bien y con empatía el beneficio del tratamiento. Una acción equivocada significa, no solo en Medicina, no resolver el problema y puede ocasionar, además, una serie de efectos colaterales muy perniciosos.