Es necesario que los peones de la brigada de obras sean funcionarios del ayuntamiento?», se lamentaba hace días un alcalde valenciano en una conversación sobre el presente y el futuro de la Administración. Él mismo se respondía que cada vez se hace más evidente que hay tareas de la función pública que serían desempeñadas con mayor eficacia y menor coste por empresas privadas, que continúa siendo imprescindible un núcleo de empleados públicos para desarrollar trabajos de interés estratégico o esencial y que hay necesidades nuevas relacionadas con servicios que la sociedad del siglo XXI demanda y que no pueden ser satisfechas adecuadamente por falta de atractivos. Hay muchas personas con talento que no tienen ningún interés en incorporarse a la Administración en áreas relacionadas con la innovación o la investigación porque el corsé de unas normas que no han variado en décadas y unos sueldos no competitivos les disuaden.
La Unión Europea ha decidido poner sobre la mesa para los próximos siete años una montaña de dinero a fin de que los países miembros más afectados por la pandemia puedan recuperar sus tejidos económicos y sociales y transformar sus modelos hacia los ámbitos verde, digital y resiliente. Y la preocupación no está en si habrá proyectos, ideas, energías o financiación para llevar adelante el plan Next Generation EU y otros similares. La inquietud unánime está en si las administraciones central, autonómicas, provinciales y locales serán capaces de gestionar el volumen de actividades que se va a generar.
Hace pocos días, Levante-EMV desvelaba que el grupo biomédico Ascires tiene en proyecto construir un hospital de siete alturas y tres bajo rasante junto al Bulevar Sur, en València, con una inversión de 25 millones de euros. La concejala de Actividades del ayuntamiento, Lucía Beamud, explicaba que ha decidido conceder un trato prioritario a ese expediente en atención a la inversión y a la generación de empleo prevista, y se lamentaba de no haber podido desatascar todavía las 8.000 carpetas de licencias pendientes de resolución heredadas del gobierno local del PP en 2015. Es lógico que los proyectos grandes tengan un cierto trato especial, pero si se pone uno en la piel de un pequeño empresario que espera meses y meses la resolución de su licencia para abrir un negocio cabría preguntarse por qué el empleo que crea Ascires es más importante y más urgente que el que él impulsa a menor escala. Inercia, resistencia al cambio, un recetario de derechos, un corporativismo secular y algunos otros elementos engrosan la lista de ineficencias de la Administración. Y nadie le pone el cascabel al gato.
La sociedad demanda, necesita, personas versadas en Tecnologías Habilitadoras Clave (KET, por sus siglas en inglés) como inteligencia artificial y computación, ciberseguridad, nanotecnologías... y la Administración continúa reclutando funcionarios en oposiciones en las que se pide saberse la Constitución de memoria y recitar (cantar, en el argot) un par de cientos de temas de Derecho Administrativo.
Esta misma semana, el delegado de la Unión Europea en España, Francisco Fonseca Morillo, en un acto coorganizado por este diario, instaba a las administraciones a «eliminar cuellos de botella» para agilizar procesos y facilitar la ejecución de los proyectos que resulten escogidos para la financiación europea. En los últimos 14 años, la Comunitat Valenciana ha recibido unos 2.500 millones de euros de fondos procedentes de Bruselas. En los próximos tres años, aspira a obtener 14.400 millones, el diez por ciento de los asignados a España. El reto es mayúsculo, especialmente para la Administración. Y pesa como una espada de Damocles el dato de que de todas las ayudas europeas recibidas sólo se ha podido ejecutar el 35 %. Por ese motivo, la Generalitat Valenciana ha creado una oficina de gestión para los fondos, y ha señalado la gobernanza regional y la administración eficiente como uno de los cinco ejes estratégicos de su plan de recuperación.
También el Gobierno de Pedro Sánchez teme que la reconstrucción encalle en los recovecos funcionariales y está dispuesto a invertir el 5 % de los fondos en lo que llama «Administración para el siglo XXI». Pero es otro cinco el que podría estar llamado a una auténtica revolución. Dentro del paquete de medidas que Sánchez ha anunciado para agilizar la gestión de los fondos, eliminando controles, reduciendo plazos y estableciendo pasillos de alta velocidad figura el compromiso de que contestará en cinco días sobre el encaje de cada proyecto en el marco de los planes a través de esa ventanilla única de la que siempre se habla y que nunca ha funcionado. La consecución de ese sueño de los cinco días haría posible, por ejemplo, que los nuevos organismos de gestión de los fondos validaran en solo 121 horas el proyecto de construcción en Almussafes de una megafactoría de baterías eléctricas de la que se podrían nutrir la Ford y cuantas empresas de transporte y movilidad lo deseen. Y conseguido ese milagro, ¡cómo no va a poder el Ayuntamiento de València autorizar en cinco días un bar con un aparato de aire acondicionado!
Sin remedio para la paja; sin agua para l’Albufera
La Humanidad ha puesto el pie en la Luna, ha acabado con la viruela, ha sido capaz de generar varias vacunas en tiempo récord contra la mortífera covid 19, y hasta ha desarrollado un robot que limpia y friega los suelos de la casa él solo. Pero se le resiste todavía la fórmula que evite quemar la paja del arroz después de cada cosecha, de forma que los gobiernos más verdes de la historia autorizan un año tras otro las insanas columnas de humo que ahogan a todo el entorno de l’Albufera y calientan el planeta. No se puede con una cosa tan sencilla como la paja. En la crisis de las vacas locas, los animales enfermos o bajo sospecha eran convertidos en harina que se quemaba en las cementeras. Hay industria que recupera el bambú, el esparto, el cáñamo, pero nada con la paja. Con lo bien que ardería en las estructuras de las Fallas. La paja es una más de las maldiciones de l’Albufera. Todos quieren salvarla con más caudales pero el Júcar ya no da de sí y pese a años de anuncios y propuestas, ni una gota de la gran depuradora de Pinedo ha podido ser enviada al lago. Alicante y Murcia beben agua del Tajo y l’Albufera muere de sed con un gran grifo a solo 8,22 kilómetros.
