Quince días han pasado desde la primera vacunación contra la covid-19 en España, la de aquella señora de Guadalajara y su joven cuidadora en la residencia. Casi diez meses han transcurrido desde la declaración del primer estado de alarma, en el que ya quedaba claro que la vacuna era la mejor –si no la única- solución para la pandemia. Un año maldito y mortífero esperando a que las farmacéuticas europeas, americanas, chinas o rusas dieran con la fórmula mágica que salvara a todos de la infección. Y cuando ya está la vacuna en las neveras y las agujas preparadas, después de las fotos de los primeros inmunizados y de las rimbombantes declaraciones de satisfacción y esperanza, todo el mundo se va de vacaciones desde Nochevieja hasta Reyes. Como si el virus diera una tregua para hacer las últimas compras.
En estas dos semanas, los vacunadores españoles solo han logrado poner un 37,4 por ciento de las dosis de las que ya disponen. En la Comunitat Valenciana, ese íncide es aún más bajo, del 26,1 %. Autonomías como Asturias se han ganado un espacio de honor en la clasificación ¡por vacunar los domingos! Tampoco puede extrañar a nadie esta anomalía sanitaria. Los números de contagiados y de víctimas no se actualizan los fines de semana en España desde marzo porque los recontadores están de descanso.
Tanta emergencia, tanta alarma, tanta preocupación… y resulta que el viernes a las tres de la tarde todo el mundo pliega y se va a casa hasta el lunes.
Con la campaña de vacunación masiva, la Administración en su conjunto corre el riesgo de cosechar en España el segundo suspenso de la pandemia, después del «insuficiente» de primavera y verano en digitalización por dejar a miles de empleados públicos en sus casas mano sobre mano, pero a salvo de ERTES, ERES y otras medidas de emergencia social y laboral, en áreas como justicia.
Para cualquier ciudadano sensibilizado, y más para quien haya sufrido la pandemia de cerca, ha de resultar sonrojante que por ejemplo el gobierno de la Comunidad de Madrid se queje amarga y públicamente de que se le entregan menos dosis de las que le corresponden por población y solo 48 horas después su consejero de Sanidad salga a decir ante los micrófonos y las cámaras que la vacunación en la región se retrasa porque los sanitarios están de vacaciones navideñas y porque hay muchos internos de las residencias que están pasando las fiestas en casa de sus familiares.
Tampoco hace ningún favor la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando ofrece la participación de las Fuerzas Armadas para colaborar en la campaña de vacunación subrayando que las competencias son autonómicas. ¡Eso no se dice, eso se hace! Se llama a cada uno de los presidentes autonómicos y se ponen a su disposición las unidades de cada territorio, los sanitarios militares, los hospitales, o los transportes y servicios de custodia de vacunas o de vigilancia de las instalaciones de inmunización, si hace falta.
Y todo ello porque la emergencia continúa activa, el peligro se mantiene y sigue contagiándose y muriendo gente, aunque algunos no se hayan enterado. La población quiere saber cuándo y cómo accederá a una de esas dosis que le salvarán la vida, ya sea de Pfizer, Moderna, Oxford o Cambridge. Pero llama a su centro de salud y, si le cogen el teléfono, no le dan esta información. Los servicios de atención primaria han estado y están limitados en su capacidad y afluencia para no convertirse en focos de contagio y no poner en peligro la salud de los trabajadores. Ahora todo parece indicar que serán los espacios de vacunación masiva. ¿Ya no importa que se llenen de gente para recibir las dosis?
Hay un tapón alarmante. Si la Administración no ha sido capaz de poner en dos semanas las escasas vacunas disponibles, ¿qué pasará cuando lleguen 350.000 dosis cada lunes? Los sanitarios tendrán que prestar un nuevo servicio extra, uno más, en esta maldita pandemia. Pero esta vez no han de estar solos. La sanidad privada no puede quedarse de nuevo fuera del plan, como sucedió en las primeras fases de la epidemia. Mutuas, servicios de medicina de empresa, aseguradoras… todo el que sea capaz de enarbolar una jeringa con profesionalidad y garantías debería tener un papel en esta operación de salvamento a escala mundial. Un dentista, en su consulta, pone cada día una decena de inyecciones de anestesia en terrenos más delicados que el hombro de un paciente. ¿Se puede concertar con una clínica privada una operación de cataratas pero no un domingo de vacunación en plena emergencia? Algo no funciona, y uno no sabe si es por afán de protagonismo de unos cuantos, por falta de previsión o por incapacidad. Pero en cualquier caso, hay quien no se está tomando la pandemia con la diligencia que merece una situación excepcional y va siendo hora de que eso cambie.
La vacunación masiva y rápida de la población debe ser un objetivo prioritario de las autoridades, que han sabido, en general, habilitar presupuestos urgentes y suficientes para hacer frente a la pandemia y se esfuerzan por paliar los efectos económicos de esta, que son también devastadores. Cabe confiar en que sean igual de diligentes para organizar y desarrollar con éxito la operación de inmunización de la población, aunque los primeros momentos estén marcados por los titubeos. Si esto sucede en una sociedad como la valenciana, o la española, consideradas del primer mundo, dotadas de servicios avanzados y escudos sociales, qué pensar sobre lo que puede estar ocurriendo en países en vías de desarrollo o en comunidades de pobreza extrema. La solidaridad ante un problema de magnitud global debería hacer pensar en trabajar con rapidez y eficacia aquí y al tiempo ayudar allí. Ya. Todo el año. De lunes a viernes. Y sábados, domingos y festivos, porque el virus no se detiene en fines de semana ni vacaciones.
