Existe unanimidad en afirmar que la Formación Profesional es clave en nuestro futuro, tanto a nivel de empleabilidad como a nivel de crecimiento económico. Soy miembro del Consejo Valenciano de la Formación Profesional, órgano superior consultivo de participación institucional, coordinación y asesoramiento del Consell en todo lo relacionado con la formación profesional. Cualquier parecido que haya entre lo que dice el decreto 219/2014 que regula las atribuciones de dicho consejo y lo que realmente sucedió en la reunión del pasado 28 de julio es pura coincidencia. Vivimos en un globo virtual de ‘fictialidad’ vestida de participación y democracia.

El Gobierno valenciano presume de haber implantado 270 nuevos ciclos formativos de titularidad pública para mejorar la oferta pública en el curso 2021/22. Eso está muy bien, y todo el mundo sin excepciones lo aplaude. Lamentablemente, y coherentemente con su visión ideológica, no acepta que los centros de iniciativa social puedan también ser considerados de oferta ‘pública’, a todos los efectos. Hablan de colaboración público-privada porque necesitan a las empresas para que los estudiantes de los centros de titularidad pública puedan hacer sus prácticas formativas, pero se resisten a aceptar al sector educativo de iniciativa social como actor protagonista de la formación. No son capaces de entender que los centros concertados tienen una mentalidad que sintoniza muy bien con la mentalidad empresarial y que los centros de titularidad pública podrían sacar mucho provecho si se promovieran alianzas de colaboración educativa con los de titularidad privada concertada.

Necesitamos una nueva generación de políticos, más joven, menos aprisionada por la historia. Toda estructura ‘exclusivamente’ estatal resulta finalmente muy costosa y muy poco competitiva, y por lo tanto condenada a la mediocridad y al fracaso. Esto no es una profecía, es un análisis histórico. Esa mentalidad anticuada no entiende que la calidad y el éxito educativo no se consiguen exclusivamente con la aportación de recursos (económicos o humanos), sino fundamentalmente con el establecimiento de alianzas y la mejora calidad en el factor humano. No se trata de destinar más recursos, sino de optimizar los que ya se destinan y lograr que la unión haga la fuerza.

El lenguaje y la mentalidad de las empresas es el de los resultados. Esta Consellería de Educación sigue con las categorías socio-político-económicas del siglo XX: deberían viajar, salir de sus despachos, de su ciudad, de sus reuniones infructuosas… y abrir los ojos a la realidad liberándose de sus construcciones filosófico-teóricas.

Qué fácil es gastar el dinero público, el que no es de uno. Y qué triste es escuchar a los responsables de ese derroche decir que son ellos los defensores de ese dinero, cuando en la práctica lo desperdician y malgastan. Se habla y se presume de diálogo social y no hay diálogo, hay simulacro de diálogo. Se habla de justicia social y no se promueve la justicia, porque en ocasiones se actúa contra ella a sabiendas, sin importar los daños colaterales que eso pueda producir en las personas.

Afortunadamente tenemos una nueva Dirección General en Formación Profesional que ya ha dado muestras de tener esa visión de futuro creativa, positiva y constructiva. Savia nueva. Tiene retos difíciles y ambiciosos, como son los de potenciar la FP Dual, reducir el fracaso escolar en FP, potenciar la innovación educativa, etcétera. Desearía transmitirle la seguridad de que cuenta con todo el apoyo del sector privado concertado para lograr el éxito.