Cuatro años después de la última manifestación masiva por una financiación estatal justa para la Comunitat Valenciana, el movimiento ha crecido y de nuevo la ciudadanía, representada por sus partidos políticos, los sindicatos más importantes, la patronal y hasta 215 entidades y asociaciones adheridas han unido sus voces para reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica que ponga fin a una discriminación inaceptable.
Los expertos estiman que si se aplicara la fórmula que corresponde, la Comunitat Valenciana recibiría 1.325 millones de euros más al año procedentes del Estado, de modo que ese es el tamaño del agujero que cada doce meses hay que tapar para mantener una oferta de servicios públicos y un escudo social como el que necesita una ciudadanía del siglo XXI, especialmente cuando crisis económicas o sanitarias sacuden las estructuras de la Administración y la sociedad en su conjunto.
Todos los convocantes de la movilización por una financiación justa para la Comunitat Valenciana, incluso el Partido Popular, que se ha sumado a una acción de la que se desmarcó cuando gobernaba Mariano Rajoy en la Moncloa, comparten la convicción de que en esta autonomía se hace frente a los retos de la sanidad, la educación, la atención social o la justicia con una mano atada a la espalda, mientras otras regiones disfrutan de ingresos adecuados y no tienen ningún interés en que el modelo evolucione, ofreciendo a sus ciudadanos atractivas rebajas de impuestos y utilizando esa holgura económica, soportada con el dinero de todos, para captar empresas e inversiones, el dumping fiscal al que se refiere habitualmente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
La pugna entre quienes defienden que se ha de tener en cuenta como prioritario el criterio de la población y los que estiman que la extensión del territorio ha de ser el factor clave es uno de los factores que lleva retrasando la solución desde que el sistema caducó en 2014, y dando excusas a los diferentes Ejecutivos nacionales para demorar la nueva fórmula. De este modo, como se recoge en el manifiesto elaborado por la Plataforma per un Finançament Just, en 2021 cada valenciano recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 euros menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10 % y un 29 % menos, respectivamente. Y ello pese a que la renta per cápita valenciana es 12 puntos inferior a la media nacional.
Esa sangría está en la base de la desmesurada deuda que acumula la Generalitat Valenciana, gestada durante los gobiernos autonómicos del PP y que ha alcanzado su máximo punto, 50.000 millones de euros, bajo el mandato del Govern del Botànic. Fue el presidente Alberto Fabra quien sintió toda la crudeza de la austeridad letal impuesta desde Madrid y Bruselas tras la crisis de las hipotecas basura de 2008. Pagar las nóminas era entonces un milagro, una situación impensable después de los años de bonanza y alegría en el gasto de Zaplana, Olivas y Camps. En 2015, tras la llegada al Consell de los socialistas, Compromís y Unides Podem, la Generalitat decidió plantar cara a un modelo injusto y empezó a consignar como ingreso en sus presupuestos anuales la llamada «partida reivindicativa», más de mil millones que el Estado debía enviar por encima de lo que asignaba pero que no llegaban, y el Ejecutivo de Puig no quería recortar servicios por culpa de esa situación discriminatoria. Al final, una parte a deuda y otra a cargo de las cuentas del Reino. La frialdad de Rajoy y Cristóbal Montoro ante el «problema valenciano» tuvo una continuidad inicial con María Jesús Montero , ya con el socialista Pedro Sánchez en el Gobierno, pero las tornas empezaron a cambiar y el dinero empezó a fluir hacia la costa mediterránea por distinas vías y bajo distintos nombres. El huevo llegaba pero aún faltaba el fuero, que es el que garantiza la continuidad y cincela negro sobre blanco la legitimidad.
Se ha conseguido parte, pero queda mucho para alcanzar una posición si no safistactoria, al menos justa. Así lo han entendido los promotores de la movilización, al frente de la cuál están los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), protagonistas de un diálogo social valenciano modélico y artífices de la unanimidad que se ha logrado ahora. Entre los retos más importantes de la plataforma está hacer llegar a la ciudadanía que la financiación autonómica no es sólo una cosa de partidos políticos, que también. Es algo que interesa y ha de ocupar y preocupar en la vida diaria, porque disponer de una sanidad preparada para hacer frente a desafíos como la Covid-19; consolidar una oferta educativa de calidad que prepare a ciudadanos libres e iguales en derechos y oportunidades; o garantizar la atención y el cuidado necesarios a personas vulnerables son cuestiones que se deciden y gestionan en la Comunitat Valenciana, en la Generalitat, que también es Estado, aunque haya a quien le cueste asumirlo.
Hormigón sobre una muralla tardorromana
Dicen los promotores inmobiliarios que en la ciudad de València construir viviendas en los grandes huecos urbanos de Ciutat Vella (sobre todo El Carmen y Velluters) resulta temerario por la abundancia de restos arqueológicos y el riesgo que representa para las empresas iniciar una obra con peligro de tener que parar durante meses por algún hallazgo de interés y por el tiempo que se toma el ayuntamiento para declarar despejado el camino hacia la licencia de reanudación. Sin embargo, cuando es el propio consistorio el que descubre un esqueleto o una piedra de interés en el marco de un proyecto suyo, aplica el viejo principio de mirar para otro lado y hormigonar para continuar. Este al menos es el método empleado en la reforma de la Plaza de la Reina, en la que en cuestión de semanas han quedado vistos para sentencia sillares que pueden corresponder a una puerta principal de la ciudad en época tardorromana (siglos IV a 7 d.C) y a un tramo de su muralla, como detalla hoy el arqueólogo Albert Ribera en este mismo periódico. Las prisas por terminar una peatonalización que va con mucho retraso por recursos y otras incidencias; la preocupación por su impacto sobre las Fallas de 2022 y en concreto sobre la Ofrenda, y otras circunstancias que han tenido en cuenta los gestores del proyecto están detrás de esta sorprendente decisión, que irradia una insensibilidad inesperada en un equipo de gobierno que presume de defender el legado histórico y que además está obligado a actuar y proteger por las normas sobre el patrimonio.
