Cuarenta años son muchos años pero para los que formamos parte de la Comisión que elaboró el proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 1981, y para los valencianos que vivimos en esa época, nos parece que fue ayer, porque el Estatut está tan vivo como cuando entró en vigor el 10 de julio de 1982. Con el Estatut (y los demás estatutos de las otras dieciséis Comunidades Autónomas) tenía lugar la culminación del proyecto de Estado de las Autonomías previsto en la Constitución española de 1978.
Tras los intentos descentralizadores que tuvieron lugar en la no nata Constitución de la Primera República y la descentralización parcialmente realizada como consecuencia de la Constitución de la Segunda República, frustrados por la Guerra Civil, con el Estado de las Autonomías proclamado por la Constitución de 1978 conseguíamos poner solución a uno de los problemas endémicos de nuestra historia, consecuencia del centralismo borbónico que se impuso con violencia en España rompiendo la concepción federalizante de la España de los Reyes Católicos continuada por los Austrias.
Para los demócratas, en la transición a la democracia, fuera cual fuera nuestro origen, nuestro lugar de nacimiento o nuestra residencia, el Estado de las Autonomías estaba indisolublemente ligado a la Constitución democrática de 1978. La creación de las Comunidades Autónomas la concebimos como el mejor modo de gobernar; un gobierno descentralizado que podía traer el mayor bienestar a los ciudadanos.
Nuestro Estado se configuraba a partir de la Constitución española como un Estado compuesto en que las decisiones, las competencias y las responsabilidades tienen lugar en tres niveles, central, autonómico y local. Y al resultado de esa nueva configuración del Estado se añadiría en 1985 la cesión de competencias a la Unión Europea, cumpliendo otro de los objetivos de los demócratas españoles que queríamos poner fin al aislacionismo español practicado durante la dictadura. Nuestra incorporación a la Unión Europea ha sido fundamental para el extraordinario progreso económico y social que hemos experimentado en las últimas décadas. Un solo ejemplo reciente: la intervención y apoyo de la Unión Europea han sido decisivos para solucionar el reciente conflicto de España con Argelia. Y pese a los desfavorables datos macroeconómicos que pesan sobre nosotros nuestra pertenencia a la Unión Europea es garantía de que superaremos esta coyuntura.
Estos tres logros, Constitución de 1978, Estado de las Autonomías, e incorporación a las Comunidades Europeas y al Consejo de Europa han sido muy positivos, por mucho que sigan existiendo en España minorías a las que les gustaría volver al aislacionismo internacional y al centralismo franquista; que excluye la descentralización del poder y que supone un peligro para la libertad de los ciudadanos
Somos de los que pensamos que hay muchas cosas que mejorar en los distintos niveles de gobierno central, autonómico y local, y que deben introducirse con el mismo espíritu con el que algunos nos reunimos en el verano de 1981 en un hotel de Benicasim para elaborar el proyecto de Estatut: los representantes de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, por el PSPV-PSOE Juan Lerma y Felipe Guardiola; por la UCD José Ramón Pin y Luis Berenguer y por el Partido Comunista, Antonio Palomares. El espíritu de la Transición estuvo presente en aquellas negociaciones, y pese a los desacuerdos posteriores, finalmente las Cortes Generales aprobaron el Estatut por Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio publicada el 10 de julio. Y aunque no fue posible la tramitación del Estatut por el procedimiento especial previsto en la Constitución por primera vez se dictó una ley orgánica de las previstas en el artículo 150.2 de la Constitución que completaba las competencias hasta igualar nuestra Comunidad a las que se consideraban comunidades históricas por haberse aprobado o haberse tramitado un estatuto de autonomía en la Segunda República. Las posteriores reformas e intentos de reformas del Estatut son bien conocidas.
En este cuarenta aniversario del Estatut debemos hacer hincapie en la deficiencia más notoria de nuestra Comunidad: la financiación. No cabe duda de que la nuestra es una de las peores financiadas lo que repercute en deficiencias en el Estado de Bienestar. A nadie se oculta que resulta necesario reforzar el sistema sanitario y el sistema educativo, que son claves para la igualdad de los valencianos. En particular un sistema público educativo es indispensable para que funcione el ascensor social que últimamente parece averiado.
Y no nos cabe duda de que la Generalitat, además de reclamar una financiación justa debe utilizar con mayor eficacia y eficiencia sus competencias que son muchas. El progreso en nuestros días está ligado a la atracción de iniciativas empresariales que generen empleo de calidad. Debemos desterrar esa visión del «Levante feliz» que tanto daño nos ha hecho. La Comunidad Valenciana es tierra de emprendedores que no debe quedar rezagada en la competición por atraer a los mejores inversores. Debemos seguir apoyando a los sectores económicos tradicionales pero resulta necesario abordar la reindustrialización tecnológica de nuestra Comunidad.
El Estatut no se puede patrimonializar por ningún partido político ni por una o varias generaciones. Es y debe seguir siendo patrimonio de todos los valencianos y de todos los españoles. Debe ser defendido por instituciones, partidos políticos y por la sociedad civil, más allá de conmemoraciones que deben servir para rememorar el espíritu con que nació y en caso alguno para generar divisiones.
