Desde hace dos cursos, en muchos institutos valencianos se repite diariamente una escena como esta. En un aula de 1º ESO, el profesor de Matemáticas diseña actividades sobre la formación del planeta o las partes de una célula; mientras tanto, en el aula contigua otro docente especializado en Biología se ve obligado a enseñar aritmética y geometría pese a estar habilitado como profesor de una materia distinta. Al final de ese mismo pasillo, quizá encontremos a un filólogo explicando el imperio romano o a un historiador intentando que sus estudiantes logren distinguir el objeto directo del indirecto.

Este atentado contra el sentido común se conoce como «educación por ámbitos», una reorganización curricular ideada para que un mismo docente, tenga o no la formación adecuada, se encargue simultáneamente de varias materias que quedan fusionadas en una misma área, reconvirtiendo a los docentes de la ESO en «profesores generalistas».

El decreto que impuso estos ámbitos vio la luz nada más salir del confinamiento, en un ejemplo de lo que la periodista Naomi Klein llamara doctrina del shock, a saber: el aprovechamiento de grandes crisis por gobiernos con vocación autoritaria para implantar de tapadillo reformas políticas de calado. Fue así como el exconseller Vicent Marzà y el secretario autonómico Miquel Soler decidieron utilizar los institutos valencianos como campo de pruebas de los experimentos que están por venir cuando la Lomloe se implante en todo el territorio.

Según sus impulsores, la medida se justifica porque así el alumnado se adaptará mejor a secundaria, pero ha sido impuesta sin tener en cuenta que la mayoría de centros no cuentan con recursos humanos o materiales para minimizar los efectos negativos del experimento. Se nos promete que estos ámbitos se complementarán con horas de «codocencia», es decir, dos docentes a la vez en un mismo grupo para ofrecer una atención más individualizada al alumnado. Sin embargo, esta solo aseguraría algunas horas de estos ámbitos compartidas con otro profesor, que igualmente puede o no ser especialista, y tampoco está nada claro que proporcione mejores resultados que intervenciones largamente reclamadas como reducir la ratio a la mitad.

Centenares de profesores, reunidos en torno a la asociación OCRE y la plataforma No als àmbits imposats, defendemos que esta medida es lesiva para el alumnado y conculca su derecho a la mejor educación posible. Sencillamente, creemos que no hay mejor opción que un docente con conocimientos profundos de la materia que imparte, tanto en contenidos como en didáctica. Y sospechamos que esta novedad no pretende mejorar el aprendizaje del alumnado, sino más bien maquillar el fracaso escolar por la vía de reducir la exigencia y la calidad de la formación.

Recientemente, la nueva consellera, Raquel Tamarit, ha declarado que la manera tradicional de impartir conocimientos está tan obsoleta que le «sorprende» la oposición a la medida. Lo que no puede decir es que le pillara por sorpresa: pocos días antes de estas declaraciones, nuestra plataforma le había hecho llegar casi 4000 firmas de docentes en contra de la medida. Suponemos que le habrá sorprendido todavía más constatar que todos los sindicatos educativos reclamaran el fin de la obligatoriedad de esta apuesta en mesa sectorial. Nos gustaría poder decir que estamos gratamente sorprendidos porque la señora Tamarit, a diferencia de su predecesor, sí ha accedido a escuchar, dialogar y negociar. Pero no: parece que la nueva política valenciana es (¿sorprendentemente?) parecida a la vieja.

Ya hemos utilizado dos promociones de estudiantes valencianos como cobayas. Si esta medida acaba generalizándose a los tres primeros cursos de la ESO, como pretenden sus ideólogos, aumentará la brecha entre las familias que puedan costearse una educación de calidad y las que no, intentando compensar extraescolarmente las carencias de un sistema público que empieza a concebirse de una manera casi asistencial, como un aparcaniños en el que tener entretenidos a los hijos con actividades lúdicas aunque escasamente formativas.

Por suerte, aún estamos a tiempo de que nuestra nueva consellera nos sorprenda dejando que cada centro decida su propia organización curricular. Es posible que la sorprendida sea ella misma cuando, tal y como indican nuestras estadísticas (ellos se han negado a consultar al profesorado), cerca del 90 % decida no aplicar los ámbitos.