Opinión | UNA IBICENCA FUERA DE IBIZA

Morir soñando

Espero que el fiu del petardo de moción de censura caído en cualquier sitio no les impidiera escuchar el arpegio de la verdadera democracia. El mismo miércoles del chasco de Vox en el Congreso, el Tribunal Constitucional (TC) hacía público el rechazo a su recurso a la ley de eutanasia, avalándola por nueve votos frente a dos en contra —y tan solo un día después anunciaba el rechazo al recurso de Vox y aval íntegro de la ley Celáa—. El pronunciamiento de los magistrados sobre la demanda de los de Santiago Abascal ya anticipa el rechazo a la que también presentaron los Populares de Núñez Feijóo.

Y es que ni algunos de los miembros conservadores del Constitucional han parecido ver en la ley de la eutanasia aprobada en España en junio de 2021 la anunciada «consumación del plan del Gobierno de implantar la industria del descarte y de la muerte». Una ley «radical, eugenésica y criminal»; «una pendiente resbaladiza del suicidio asistido» como «respuesta al sistema de pensiones» que ve en los enfermos terminales «un peso económico y social que debe ser eliminado». También desde el Partido Popular vieron la ley como una salida al «problema de sostenimiento del PSOE» y «una manera de ahorrar costes», respondida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un «señores del PP: lo único que ahorrará la ley de eutanasia es el sufrimiento de miles de personas».

Pero en el PP del exlíder, Pablo Casado, no solo no se veía miles de personas sino que calificó la eutanasia de «este problema no existe en España» y al PSOE de «experto en sacar problemas que no existen, reabrir las heridas y dividir a los españoles».

Su sustituto, Núñez Feijóo, además de recurrirlas, anunció que —si algún día gobierna— derogará la ley Celaá, la del aborto, la del ‘solo sí es sí’, la ley trans, las de sedición y Memoria Democrática y también esta ley de Eutanasia a la que considera «ataca el derecho a la vida».

Vox fue aún más lejos en su recurso alegando que «el derecho fundamental a la vida tiene naturaleza absoluta, es indisponible y el Estado debe protegerlo incluso contra la voluntad de su titular».

Y es precisamente a esta «voluntad de la persona» a la que apela el Constitucional, considerándola «la frontera que delimita el derecho a la vida del derecho a la autodeterminación en contexto eutanásico. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha establecido un procedimiento administrativo riguroso con sólidas garantías de protección de estos derechos y bienes. Se contempla un control previo en manos de personal sanitario que trata de asegurar que la decisión es informada, libre y responsable». El Tribunal «argumenta que tal configuración no permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto, ni que imponga al Estado un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir».

El derecho a la vida no implica el paradójico deber de vivir…

En República Dominicana existe una suerte de cóctel con el nombre de ‘Morir soñando’ a base de jugo de naranja, leche y un chín de azúcar de caña con más o menos perifolla según el caché del sitio donde se sirva. Una combinación de ingredientes tan simples como inusuales entre quienes crecimos convencidos de que no se pueden mezclar porque los cítricos cortan la leche. A saber el origen del nombre, poético y evocador, pero que tiene en realidad mucho en común con la palabra eutanasia. Viene del griego euthanasía formada de eu (bien, bueno) y thanatos (muerte), o sea: el buen morir.

Este buen morir ha quedado constatado en estos pocos meses de ley de dos formas distintas. La primera, porque aunque las estadísticas basadas en los países donde la práctica de la eutanasia ya estaba extendida pronosticaban unas cifras de entre 1.000 y 1.500 muertes asistidas anuales, en España, durante el primer año de la ley solo se han contabilizado 180 procedimientos. Son datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

La segunda viene desde la Organización Nacional de Trasplantes: de estas 180 personas que decidieron acogerse a la eutanasia, 44 optaron por donar sus órganos, salvando la vida a 120 pacientes que estaban en listas de espera para poder ser trasplantados. Beatriz Domínguez-Gil, su directora, lo describe como «un gesto de generosidad sublime» ya que «tras pasar por una decisión muy complicada para ellos y su entorno familiar, toman la valiente y difícil de, en lugar de morir en casa, rodeados de sus seres queridos, hacerlo en un hospital para que así se puedan salvar los órganos».

Mi admiración para ellos y mi abrazo para sus familias. Y para el PP y Vox, un consejo: no desistan en la lucha por mostrar la verdad de la «consumación del plan del Gobierno de implantar la industria del descarte y de la muerte» y dejen de votar en contra de una investigación de las muertes en las residencias durante la pandemia. Solo entre marzo y abril de 2020, 7.291 ancianos murieron sin recibir atención médica víctimas del Protocolo del Gobierno de Ayuso.