Balance (positivo) del diálogo social

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), recientemente firmado por sindicatos y patronal, consolida el modelo de concertación social que, durante los últimos cuatro años, ha registrado una veintena de pactos, de estructura bi o tri-partita según los casos, que van desde los que en marzo de 2020 diseñaron el sistema de ERTEs que garantizarían el empleo de 3,6 millones de trabajadores durante la crisis covid, hasta la reforma laboral que en apenas un año ha triplicado el número de contratos fijos, pasando por la reforma de las pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en un 47% o la regulación del teletrabajo, la contratación de los riders y la mejora de la estrategia en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La cultura del diálogo social tiene, pues raíces profundas que permiten, incluso, superar las fases de desencuentro, como cuando la CEOE no suscribió la segunda parte de la reforma de las pensiones o el último incremento del SMI, al tiempo que refuerza el autogobierno de las partes en la gestión de las relaciones laborales y legitima la intervención de los agentes sociales reconocida por la Constitución.

En este caso, el Acuerdo fija las bases para recuperar en el período 2023-2025 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios registrada en 2022 debido, fundamentalmente, al crecimiento de la inflación derivado la guerra de Ucrania y que, según la OCDE, supuso una devaluación del -5,3%, recomendando incrementos del 4% para este año y del 3% para los dos siguientes, incluida una posible revisión salarial en función del IPC.

Esta quinta edición del AENC incluye, asimismo, propuestas en materia de flexi-seguridad, teletrabajo, salud laboral, igualdad de género y gestión negociada de la transición tecnológica en las empresas que contribuirán a modernizar la negociación colectiva, al tiempo que aportan estabilidad y paz social, en claro contraste con el modelo de reformas unilaterales y conflictividad resultante que se impuso en nuestro país durante los anteriores gobiernos conservadores y se registra actualmente en Francia, Italia y Gran Bretaña.

Se trata ahora, en aplicación de lo pactado, de desbloquear los alrededor de 1.400 convenios colectivos pendientes que, en el caso de la Comunitat Valenciana, afectan a más de 200.000 trabajadores, incorporando los incrementos salariales pactados para 2023 y sentando las bases para la modernización de la negociación colectiva en los ejercicios siguientes.

Este importante acuerdo de diálogo social contribuirá, decisivamente, a consolidar la actual tendencia de recuperación económica y social que, desmintiendo en la práctica a los profetas locales del apocalipsis, registra ya indicadores positivos en materia de empleo, paro, temporalidad y reducción de la desigualdad.

Por lo que se refiere concretamente a la Comunitat Valenciana, a finales de abril se alcanzaba el mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social (2.086.899), mientras que el paro (335.444) se situaba por debajo del registrado en 2008 y la tasa de temporalidad contractual descendía hasta el 17,2%, tras alcanzar el 31,9% en 2007.

Por su parte, la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) aporta evidencia estadística que acredita la reducción de todos los indicadores de desigualdad, como resultado del escudo social desarrollado por el Gobierno en el marco de la concertación con sindicatos y (con alguna excepción parcial) la patronal, que habría evitado que más de 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza, lo que constituye un notable y digno ejercicio de esa justicia social que una parte de la derecha política y económica ha ignorado siempre y ahora se atreve incluso a denigrar.