Opinión | ágora

La confusión entre los síntomas y el problema

En la era de la desinformación en la que vivimos, en la que nada es lo que parece y los deepfake o la inteligencia artificial nos cuentan hechos irreales muy creíbles, me viene a la cabeza la frase que siempre me dijo mi madre «hija mía, que los árboles no te impidan ver el bosque». Pues sí, que los síntomas no nos líen y confundan con el problema de fondo.

En esta línea, me ha resultado curioso el desarrollo del fenómeno socio-jurídico Rubiales, que venimos viviendo desde hace un tiempo, un periodo demasiado largo para observar los síntomas y demasiado corto para afrontar el problema. Me explico. En concreto, es sorprendente el hecho de que precisamente el fútbol –deporte hasta ahora eminentemente masculinizado y con alto interés y reputación en nuestra sociedad-, haya tenido la fuerza para crear masa crítica entre tantas personas a favor de la empatía y solidaridad con Jenny Hermoso y, contrariamente, el abuso denunciado contra los derechos laborales de las futbolistas unos meses antes, pasara casi como anecdótico entre la población, como si lo primero (agresión sexual) no tuviera nada que ver con lo segundo (valor del trabajo de las futbolistas y de sus derechos en nuestro mercado). Es un ejemplo de diferenciación entre un síntoma y el verdadero problema. Gracias a este síntoma y la popularidad del fútbol parece que se están sentando las condiciones para dinamitar un problema de desigualdad, menosprecio y ninguneo de las mujeres (futbolistas en esta ocasión). Tuvieron que ganar un mundial para demostrar de qué está hecho el fútbol femenino en este país y ahora utilizan su poderío logrado en el campo para fijar otras reglas de juego. Son extraordinarias estas deportistas y van ser un modelo a seguir en la deconstrucción que todavía necesita nuestra sociedad.

El mérito es de ellas, aunque también de todas las mujeres que antes fueron su ejemplo y manifestación tras manifestación ganaron territorio al silencio cómplice de la desigualdad, al dolor de las víctimas de violencia machista… Sabemos que en la calle se han ido ganando todos los derechos humanos sin excepción, a base de reivindicar pacíficamente lo obvio, la dignidad de las personas y, recientemente, del planeta. Así se logró la Ley Orgánica para la prevención y erradicación de la Violencia de Género (LOVG) o el Convenio de Estambul, normas jurídicas que forman nuestro pilar central de la lucha en España contra la violencia machista. Ambos marcos diseñan no sólo un régimen de derechos para las mujeres de este país, sino un conjunto de obligaciones para los Estados destinadas a transformar sistémica o estructuralmente al mismo, para que las administraciones públicas, los espacios públicos, el propio tejido empresarial y, en general, el funcionamiento de la vida, se enmarquen dentro de un espacio de libertad democrática, a saber, libertad que integra la Justicia y la Igualdad en todas sus vertientes. Ello significa que allí se establece un régimen de diligencia debida para el Estado, de modo que, de no desarrollar éste todas las garantías que apunten hacia este cambio de cultura, de leyes, de un sistema de prejuicios y estereotipos en las instituciones, en la sociedad, etc., incurrirá en responsabilidad frente a los daños que se produzcan a las mujeres víctimas de violencia de esta naturaleza. Es indubitado el Convenio de Estambul al respecto.

Sin embargo, los últimos posicionamientos políticos de una pequeña parte de la sociedad algo desconectada de la realidad, nos llevan a eslóganes «machirulos» e iniciativas que van en detrimento de estas transformaciones estructurales a las que nos obliga, no solo la Ley de violencia machista sino también el tratado internacional citado. Son acciones vociferadas de naturaleza contra legem, sin aplicabilidad a medio plazo, en concreto, en el lapso de tiempo en el que decida un Juez negar su viabilidad; porque la Judicatura aplica las normas en vigor en el marco de nuestros valores constitucionales (art. 14 CE) y con dichas normas en las manos jurisdiccionales, no cabe otra cosa que poner los medios que remuevan la desigualdad (problema) así como la violencia machista (síntomas). Entretanto llegan esas sentencias, nos corresponde a la ciudadanía, mujeres y hombres, no sólo salir a la calle a denunciar la barbarie, sino pedir a la Judicatura que apliquen la Ley (nacional o internacional), para defender los derechos fundamentales de las mujeres, a garantizar con medios materiales y personales del derecho a una vida digna sin violencia machista, a la libertad de manifestación en favor de la Igualdad, etc…, en definitiva, todo aquello que «remueva los obstáculos que impidan la igualdad», porque no cambiar la estructura sistémica que alimenta el problema es tanto como aceptar los síntomas de este menosprecio por las leyes en vigor. Así nos lo han demostrado nuestras jugadoras y nos están dando una lección de valor, coherencia y generosidad.

Al final, la interdependencia entre los derechos fundamentales nos hace entrelazar hilos muy finos que nos definen como personas dignas o indignas de una vida. Y esto que decimos no es un planteamiento moral, sino que son de normas jurídicas vinculantes en la actualidad. La Justicia (y, por cierto, también la figura constitucional del Defensor del Pueblo), ahora más que nunca tienen una gran labor por delante, a saber, hacer realidad los derechos humanos, en sus garantías positivas y negativas, equilibrando el binomio libertad versus Justicia, profundizando en el concepto de democracia. Pensemos por un segundo que la peregrina propuesta de desmantelar derechos e infraestructura del Estado en tiempos de relativa estabilidad y bonanza, afectara a las personas con discapacidad o a la infancia; a nuestros ojos resultaría obvio el despropósito de actuar así bajo el pretexto de que la libertad de unos pocos (aunque sean gobernantes) lo puede todo. La judicatura tiene un gran reto por delante en esta nueva etapa y los marcos jurídicos internacionales de los que España forma parte contienen muchas de las respuestas a aplicar en su quehacer diario para poder analizar bien los síntomas (violencia sexual) desde la erradicación del problema (desigualdad), debiendo promover, remover y facilitar la efectividad de los derechos de las personas, de acuerdo con el art. 9.2 Constitución Española y los tratados de los que España forma parte (art.10.2).