La vivienda, una asignatura pendiente

Ahora que ya están los procesos electorales cerrados, tenemos gobierno en la Nación y también en la Generalitat, es el momento de exigir que se conviertan ambos en maquinarias eficaces, para analizar las demandas de los ciudadanos y atender aquellas parcelas que presentan déficits.

La estructura de protección en nuestro país descansa en cuatro sistemas de atención, algo que se consigue mediante leyes que han convertido en derechos que el Estado debe garantizar. La sanidad, es una pieza clave de este engranaje, como la educación, el sistema de pensiones y los servicios sociales. Hasta ahora estos cuatro ases son los que nos han ayudado en los momentos de vulnerabilidad, mediante una respuesta generalmente adecuada. La valoración que hacen los ciudadanos de estos servicios públicos es muy favorable, reconociendo el alto nivel técnico, la universalidad y otras virtudes que ofrecen los dispositivos de bienestar social en nuestro país.

Sin entrar en un juicio detallado, es cierto que hay parcelas, en todos y cada uno de ellos, que funcionan bien, pero tampoco podemos negar que hay niveles de respuesta institucional que se encuentran incompletos o que requieren una adecuación o mejora; desde la atención primaria en sanidad que está demandando una mayor dotación y una adaptación a la complejidad del momento que estamos viviendo, la educación que ha funcionado como ascensor social necesita una correcta incorporación de las TIC en el proceso educativo, sin olvidar un sistema universitario que ha crecido exponencialmente pero no siempre con la calidad que se podía esperar. Respecto a las pensiones, todos somos conscientes de que, en general, nos parece un sistema solidario de organización, pero escaso en sus cuantías, que se va complicando con el aumento de la esperanza de vida y las dudas que este hecho genera sobre su viabilidad a medio plazo. Por último, los servicios sociales, la cenicienta de la protección social dio un salto de gigante con la promulgación de la conocida como Ley de la dependencia, algo que ha resultado una gran aportación con más de un millón de beneficiarios, pero que ha sido claramente insuficiente para combatir la falta de políticas de apoyo a la familia, de lucha contra la vulnerabilidad social y también de adecuación de los recursos habitacionales dirigidos a las personas mayores.

Es preocupante la falta de medidas que tengan en cuenta algo tan obvio como la necesidad de una vivienda, un elemento que resulta indispensable para la calidad de vida de las personas tengan la edad que tengan. Esta carencia despierta alertas importantes, se ha estado hablando demasiado tiempo sobre este quinto ámbito de intervención institucional, las políticas de vivienda, sin que, hasta el momento, ninguna de las administraciones haya sido capaz de impulsar un marco legislativo que permita crecer en este derecho constitucional, que no se puede cumplir por falta de un desarrollo normativo adecuado. Distintas son las posibilidades para abordar esta necesidad, un buen parque de viviendas sociales podía ayudar a terminar con la precariedad, hacinamiento y listas de espera interminables que se repiten constantemente. El mercado, ya ha demostrado su incapacidad para atender a miles de personas que cada día viven un auténtico drama, por falta de algo tan básico como un techo.

Las respuestas no son sencillas, pero existen diferentes abordajes, desde ayudas directas, cesiones de terreno público, ventajas fiscales, … en todo caso la clave consiste en poner a trabajar los tres niveles de la administración, estatal, autonómico y municipal con esta finalidad, mediante la planificación a medio y largo plazo, teniendo en cuenta los cambios demográficos que se vienen produciendo y que afectan directamente a esta problemática.

La presente legislatura no debería finalizar sin obtener garantías acerca de la adopción de medidas dirigidas a frenar una escalada imparable de precios en la vivienda, algo que no se puede dejar, exclusivamente, en manos de un mercado sin alma que únicamente se mueve por el beneficio económico. El derecho a una vivienda digna, debería ser algo más que un eslogan electoral y concretarse a través de un marco legislativo e institucional que lo haga posible.

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