Opinión

Exceso de Estado de partidos

El Estado de partidos, entendido como una mutación en la estructura de la democracia como consecuencia de la primacía de los partidos políticos no es un fenómeno nuevo. El profesor Manuel García-Pelayo, uno de los principales estudiosos del fenómeno en España, a partir de las experiencias del período de entreguerras y en particular de la República de Weimar, explicó magistralmente cómo el protagonismo de los partidos en los sistemas democráticos, especialmente en los de matriz parlamentaria, provocaba una alteración de las divisiones horizontal y vertical del poder político en el sentido de que la clásica separación institucional entre Gobierno y Parlamento acababa siendo sustituida por una división entre mayoría y oposición, circunstancia que tenía implicaciones para el funcionamiento de las instituciones y por extensión para el conjunto del sistema democrático, en parte porque la función de control del poder ejecutivo por el poder legislativo quedaba desvirtuada

El Estado de partidos es la consecuencia más nefasta del hecho de que los partidos sean imprescindibles para el funcionamiento de las democracias representativas. Y precisamente por la necesidad que hay de ellos y por la imposibilidad de remplazarlos los partidos han tendido a gozar de una protección y un estatus crecientes y en la mayor parte de democracias su presencia se ha constitucionalizado, otorgándoles el cuasi monopolio de la representación política y se ha garantizado su supervivencia por medio de una cuantiosa financiación pública. Y aunque desde el último de tercio del siglo XX su poder omnímodo ha sido discutido y han aparecido otras formas de participación política y de canalización de las demandas sociales, los partidos siguen siendo los actores políticos más relevantes de las democracias representativas y han ido extendiendo su dominio a instituciones que deberían permanecer al margen de la lucha partidista, las instituciones contramayoritarias, es decir aquellas carentes de legitimidad democrática directa y que están concebidas precisamente como un contrapeso a las instituciones de naturaleza propiamente política controladas por los partidos. Pero no solo a ellas.

La lucha partidista en España ya hace años que se trasladó al Tribunal Constitucional y desde hace cinco años tiene al CGPJ paralizado por la negativa del PP a renovarlo, paradójicamente en nombre del fin de la lucha partidista. Pero una cosa es, a través de las atribuciones que la ley otorga al Gobierno y a las Cortes, nombrar a personas con una cierta afinidad ideológica, lo que desde mi punto de visto puede otorgar una cierta legitimidad democrática y una cierta congruencia entre la voluntad general y la composición de las instituciones, y otra muy distinta es designar a personas que han ocupado posiciones de Gobierno en puestos que directamente no deberían ser partidistas. Y esto es precisamente lo que ha hecho el PSOE en el TC, designando magistrados al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la directora general de Presidencia, Laura Díez, designando a Dolores Delgado, también exministra de Justicia como Fiscal General del Estado, proponiendo a Magdalena Valerio, exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social como presidenta del Consejo de Estado, una decisión que recientemente ha sido revertida por el Tribunal Supremo, al considerar que no reunía los requisitos necesarios para el cargo, o promoviendo la designación como letrado mayor del Congreso de los Diputados a Fernando Galindo, que venía de ser director general y subsecretario del Ministerio de Política Territorial o bien designando como presidente de la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación. Todos ellos son ejemplos recientes de la voluntad sin cortapisas del PSOE de colonizar todas las instituciones a su alcance, sin el más mínimo atisbo de rubor.

Los partidos, y en particular los viejos, no solo son imprescindibles sino que son beneficiosos y en el caso español, y quizás la excepción, han sido capaces de contener la ola populista. Ello, sin embargo, no debería implicar que puedan campar a sus anchas y abandonar la agenda reformista que trajo consigo la nueva política e incluso exacerbar algunas situaciones que esta denunciaba.