Opinión | No hagan olas

Del Majestic a la Plurinación

En la esquina del Paseo de Gracia con la calle Valencia, en el centro de Barcelona, se alza el hotel Majestic, cinco estrellas, asociado al futbolista Lionel Messi para su expansión como grupo hotelero MiM. Allí se firmó un histórico acuerdo político tras las elecciones generales españolas de mayo de 1996. La derecha popular, liderada entonces por José María Aznar, tras el fiasco de 1993 y el largo ciclo en el poder del socialismo felipista, conseguía más votos que el PSOE pero sin la mayoría necesaria para gobernar. En el Majestic se formalizó el acuerdo entre Aznar y Jordi Pujol para que el primero pudiera formar su ejecutivo. Con 16 diputados electos por las circunscripciones catalanas, el pujolismo de Convergencia i Unió, conocida por su acrónimo CiU, abandonaba el eje del centro-izquierda para generar un nuevo espacio de centro-derecha gobernante al que también se sumaron otras dos bisagras de carácter nacionalista, los 5 diputados del PNV y otros 4 de Coalición Canaria.

Aquel vuelco político fue de una trascendencia revolucionaria. Aznar había heredado la Alianza Popular de Manuel Fraga, la mayor figura política que más reticencias opuso al título octavo de la Constitución del 78, el capítulo que fundamenta la creación de las autonomías como corpus sobre el que organizar la arquitectura política y administrativa de la monarquía parlamentaria española. Fue el añorado Gregorio Peces Barba el encargado de dar largos paseos peripatéticos con Fraga por los jardines del Congreso para tratar de convencerle de aquel viraje constitucional, con el que se pretendía superar las crisis desatadas por el nacionalismo periférico desde su irrupción en el siglo XIX y su corolario de guerras carlistas y asonadas catalanas. Peces Barba logró que el neofranquismo agrupado en torno a Fraga fuera, al menos, equidistante sobre la espinosa cuestión territorial.

Fraga, incluso, abrazaría la causa autonómica finalmente y llegó a gobernar la Xunta de Galicia durante quince largos y fecundos años, desde 1990, asentando la hegemonía política conservadora a la gallega que incluye un desarrollo no inmersivo de la cultura y la lengua galaicas. El paso dado por Aznar tras el pacto del Majestic tuvo, sin embargo, mayor alcance. El entonces nuevo presidente de la derecha española no solo reconstruyó el centro político sobre nuevas bases sino que asumiría la diversidad cultural del país sin mayores complejos. En una reveladora entrevista televisiva con Fernando Sánchez Dragó, el ya presidente de la nación confesaría su admiración por el poeta Pere Gimferrer, al que leía en «catalán», idioma que era capaz de hablar con amigos «en la intimidad». Nunca antes un presidente castellano se ofrecía tan abierto a la cuestión cultural catalana, ni siquiera en los tiempos políticos del general Franco, cuando tras acabar la guerra civil los combatientes catalanes del bando nacional –que los hubo y más de los que la memoria colectiva recuerda–, trataron infructuosamente de que el nuevo régimen fuera condescendiente con el idioma catalán.

El pacto del Majestic no solo hizo chapurrear en català al presidente Aznar, sino que tuvo diversas consecuencias decisivas: el posterior apoyo del PP a Pujol, quien tampoco obtendría mayoría suficiente para continuar gobernando la Generalitat. Además, Pujol obtuvo la cabeza del líder popular en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, catedrático de Física atómica. Su mano, la de Pujol, también intervendría en la trastienda del proyecto de pacificación lingüística en Valencia que propició la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por parte del popular Eduardo Zaplana en 1998, así como en el nombramiento como conseller de Cultura de Fernando Villalonga, un diplomático liberal sin problemáticas lingüísticas.

Aquella nueva vía de las derechas peninsulares no tuvo una larga vida. El mandato del PP tras Aznar concluyó de forma abrupta con la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones que siguieron a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, a los tres días. Inesperadamente, alcanza La Moncloa un desconocido diputado socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien había llegado a la secretaría general del partido imponiéndose por apenas nueve votos a José Bono. Este último representaba la línea más españolista, y quizás por ello los delegados del PSC se volcaron apoyando a Zapatero en el congreso de 2000. El nuevo líder socialista compensaría la alianza congresual favoreciendo la redacción de un nuevo estatuto para Cataluña impulsado por Pasqual Maragall. Zapatero se metió en el mismo zarzal donde se enredó Manuel Azaña en el 32, al prometer apoyar la reforma estatutaria que aprobara el Parlament de Cataluña. Como le ocurrió a Azaña, no contó con la propuesta maximalista, en su caso la del tripartito progresista que autoproclamaba la soberanía de la nación catalana.

Las implicaciones fueron evidentes: CiU se quedó sin su campo de juego natural e inició un cambio de rumbo más radical hacia el independentismo unilateral, el PSOE se desdijo de las promesas de Zapatero, y el PP de Rajoy se lanzaría en 2006 a recoger firmas contra el Estatut, en la creencia de que las pérdidas electorales en Cataluña le resultarían compensadas por las ganancias en el resto de España. De ahí venimos, del precipitado de esas tendencias que desembocaron en el Procés, al que siguieron la mala lectura de la complejidad territorial por parte de los partidos que pretendían superar el bipartidismo –tanto Ciudadanos como Podemos– y la nueva aritmética parlamentaria reescrita por Pedro Sánchez para expulsar al PP del Gobierno de la nación.

Sin todos estos antecedentes narrados resulta difícil situar y entender el lío que se ha formado a raíz de la ley de amnistía derivada de los pactos de Sánchez con los Junts de Carles Puigdemont, sucesores de los restos del naufragio en CiU. Alianzas contra las que el PP no consigue antídotos por más que haya hecho suya la estrategia más común de la izquierda: la toma de la calle. Ni Vox ni Sumar cuentan para este debate, ni siquiera Compromís, extraditado de cualquier política nacional propia.

Llegados a este punto, leamos la hipótesis de Enric Juliana, el fino analista catalán apostado en los madriles. Según Juliana, alguna sombra alargada del PP de Núñez Feijoo estaría tendiendo puentes con Junts para lograr una especie de solución light –por la puerta de atrás– a la persecución judicial por terrorismo de los indepes catalanes. No habría perdón y tabla rasa como en la amnistía, sino condenas atenuadas con cumplimientos cortos, suaves, y vuelta a la casilla de salida. Todo ello si Junts coadyuba a terminar con el «odioso» sanchismo.

En el mismo rotativo de Juliana, sin embargo, el exasesor de Sánchez, Iván Redondo, y el demoscópico Jaime Miquel, coincidían recién en sus pronósticos y asertos. Ambos dan por superado el independentismo, consideran confusa la solución federal y descartan la involución autonómica una vez las estructuras de los partidos conservadores han decidido gobernar las autonomías que les son propicias. Tanto Redondo como Miquel orbitan en el sanchismo y manejan un novedoso concepto escenográfico: el plurinacional, un estadio superior al autonomismo, basado en el perdón de los pecados, el arreglo de la financiación a repartir y una nueva ley electoral consensuada con el PP para restar la prima en diputados que tienen las provincias con menor demografía. De ese modo se dificultaría la influencia de los nacionalismos periféricos en el parlamento español y se reducirían los diputados de las circunscripciones pequeñas, en general de tendencia más conservadora. Hacia ese destino parece que nos encaminamos.