Ni memoria ni concordia: justicia

El entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a la enormidad de las críticas que recibió por ello, tenía razón cuando en su primera legislatura al frente del Gobierno vio la necesidad de reabrir el debate sobre la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Entrados en el siglo XXI, resultaba injustificable que no hubiera una reparación formal a quienes sufrieron la violencia y la represión siete décadas antes y durante las cuatro posteriores, que decenas de miles de cuerpos continuaran en fosas comunes o cunetas y que en muchos lugares públicos permanecieran visibles símbolos que enaltecían un conflicto armado entre conciudadanos y el régimen autoritario que le siguió.

El primer problema estuvo, sin embargo, en la propia definición de la legislación que se aprobó en 2007, la Ley de Memoria Histórica. Porque la Memoria es un concepto subjetivo. Y como tal, controvertido y falto de rigor. Como explica el profesor José Álvarez Junco en “Qué hacer con un pasado sucio” (Galaxia Gutenberg, 2022), Memoria es un término que apela a lo emocional y por tanto contiene el peligro de suscitar de inmediato emociones contrarias. Unir en un mismo título normativo “memoria” e “histórica” suponía, además, un intento de establecer el recuerdo de una parte como “verdad” que era imposible que no agitara la polémica.

La reforma de esa legislación inicial de Zapatero que promovió el gobierno del PSOE y Unidas Podemos con Pedro Sánchez en la Presidencia centró el foco, corrigiendo en parte la primera equivocación. Pasamos de “histórica” a “democrática”. Pero se perseveró en el error de mantener la idea de “memoria”. Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, solo o en coalición con otras fuerzas de la izquierda, trasladaron a sus propios códigos dicha legislación, tan necesaria como de nuevo mal planteada.

Una situación inédita

El PP, que sigue con problemas para manejarse con ese “pasado sucio” que tienen todos los países, aunque hay que reconocer que lentamente va avanzando y ya se refiere al régimen de Franco como “dictadura” (ha tardado en llegar ahí), no suprimió la primera Ley de Memoria Histórica cuando Rajoy desplazó del Gobierno a Zapatero. Simplemente, la asfixió dejándola sin fondos y metiéndola en un cajón. Tras las elecciones del 28M y el 23J se ha producido una situación, sin embargo, inédita: el Gobierno central sigue en manos de la izquierda, mientras que el poder territorial lo atesora la derecha. Así que desde Madrid se da un nuevo impulso a lo que desde muchas comunidades autónomas se quiere frenar, en uno y otro caso por motivaciones más partidistas que de razón. Pero ya no basta para la derecha con bloquear económicamente el desarrollo de las leyes, porque el PP necesita a Vox para conservar los gobiernos y Vox exige la imposición de su propio relato, lo que está consiguiendo.

Llegamos así a otro sinsentido: la derogación de las “leyes de memoria” en las comunidades gobernadas por el PP y Vox, para sustituirlas por “leyes de concordia”. Sorprende que quienes se llenan la boca reivindicando la Transición o la Constitución no reparen en que la “concordia” ya la alcanzaron los españoles precisamente con el régimen nacido de la Carta Magna de 1978. Más retorcido aún es el incluir dentro de esa “concordia” los atentados de ETA o de Al Qaeda. ¿Cree el PP que la inmensa mayoría de los españoles necesitan consenso acerca de los crímenes etarras o yihadistas? ¿Piensa que hay una fractura social, entre quienes condenan esos crímenes y quienes, según se desprendería de estas leyes, parece que los defenderían, de tales dimensiones como para que haya que legislar sobre ellos poniéndolos en pie de igualdad con una guerra civil? No. Es un puro intento de “blanquear” unos crímenes mezclándolos con otros (cuyas víctimas, por cierto, ya contaban con leyes específicas), como han dicho ahora organismos de la ONU al juzgar los textos legislativos que se están produciendo en comunidades como la valenciana, la castellano-leonesa o la de Aragón.

Un país no puede avanzar mirando el retrovisor. Pero tampoco dejará de estar condicionado por el pasado si no es capaz de ponerse frente al espejo y asumir sus conflictos. “Aceptar honradamente el pasado le hace a uno más responsable, más libre, con más sentido crítico, más independiente y capaz de oponerse a autoritarismos y abusos”, dice Álvarez Junco. Pero también advierte: “Lo que de ningún modo debe hacerse es proyectarse de manera maniquea y voluntarista hacia el pasado”. En 1936, un Gobierno legítimo pero desbordado por minorías radicales de uno y otro signo que empleaban, como en toda Europa, la violencia, sufrió un golpe de Estado. El fracaso inicial de éste (al contrario de lo que ocurrió con la toma del poder por nazis y fascistas en Alemania o Italia), condujo a una guerra civil y a una dictadura. Hubo víctimas en ambos lados, pero las del bando ganador en aquella contienda fueron rehabilitadas, ensalzadas y sus descendientes compensados, mientras que las del otro no obtuvieron reconocimiento ni siquiera cuando, tras la larga noche, llegó la Democracia.

Un relato nacional

Reconocer un marco común y construir un relato nacional y no de partido debería ser imperativo para las dos grandes fuerzas políticas, el PSOE y el PP. Hasta aquí, ni el PSOE lo ha buscado ni el PP lo ha querido y esa falta de entendimientos es la que ha hecho que la Guerra Civil siga siendo fuente de polarización tantos años después. Por no tener, este país no tiene un museo de la Guerra Civil ni los profesores abordan su conocimiento en colegios ni institutos, aunque los programas educativos así lo establezcan, contribuyendo con ello a que las nuevas generaciones sólo tengan un recuerdo deformado. El elefante sigue en la habitación. Y es hora de sacarlo. Sin maniqueísmos. Pero sin trampas. Ni “memoria” ni “concordia”. Lo que corresponde es justicia.