Un abogado de oficio consigue ganarle un pleito a un fondo buitre de Malta

Todo comenzó cuando una vecina de Sueca, M.C.V., de 40 años, adquirió productos valorados en 6.116,47 euros en una gran superficie de la Ribera y decidió financiar la compra. Con el paso de los meses, y tras haber pagado las cuotas correspondientes hasta el momento, no puedo hacer frente a la deuda. La clienta esperó a que la empresa financiera se pusiera en contacto con ella para buscar una fórmula para reestructurar el préstamo. Pero se encontró con la sorpresa de que la financiera con la que ella concertó la operación había vendido su deuda y que quien se ponía en contacto con ella era una multinacional de las conocidas como «fondos buitre» radicada en Malta.

La mujer no consideraba normal ni la situación ni la elevada cantidad que se le requería y pidió un abogado de oficio para oponerse inicialmente a una pretensión de reclamación económica derivada de incumplimiento de pago de cuotas de préstamo. La cliente alegaba que había tenido un trabajo que le permitía una independencia y autonomía suficientes para pagar sin ningún apuro el préstamo, aunque le sobrevinieron problemas de salud que alteraron sus planes. Y con estos la pérdida del empleo.

Presiones y ansiedad

Intentó llegar a un acuerdo con los acreedores para ajustar el crédito concedido a su nueva situación personal, aunque enseguida vio cómo se le desvanecían las escasas opciones de alcanzarlo. En realidad, cada vez debía más dinero e intereses y llegar a un acuerdo suponía aceptar un crédito mucho mayor. Tuvo que soportar las presiones cada vez más intensas de la mercantil acreedora. Llamadas de teléfono constantes y cartas exigiendo el pago a través de distintos bufetes. Y, para colmo, la imposibilidad de trabajar por los graves problemas de salud que le permitieran nutrir su maltrecha economía doméstica.

Todo ello finalmente derivó en una espiral de estrés, ansiedad e impotencia. El acreedor exigía el pago y la cliente seguía con su imposibilidad manifiesta de pagar. Ante esa situación, solicitó un abogado de oficio para intentar defender sus intereses. Inicialmente solo pedía que se le reconociesen los graves problemas de salud que le impedían trabajar con la esperanza de una futura mejoría que le garantizase poder trabajar.

Una práctica habitual

El fondo buitre instó inicialmente un juicio monitorio con la esperanza que el deudor no se opusiese y así tener vía libre para exigir una ejecución del título judicial. Sin embargo, se renunció a ejecutar el préstamo desde el inicio, lo que hubiera abierto la posibilidad de que el juez estudiara las condiciones del préstamo, si eran válidas y si cumplían los requisitos mínimos para la ejecución, pudiendo desestimarla por contener cláusulas abusivas. Para evitar esos riesgos, la multinacional radicada en Malta instó otra vía con el fin de obtener el mismo título ejecutivo pero a través de un procedimiento declarativo previo monitorio.

En esas condiciones, la empresa tenía que probar la existencia del impago, de las cuotas pagadas e impagadas, de la parte amortizada del préstamo de una forma clara y mediante constatación documental y contable. El abogado de oficio que se hizo cargo del caso, Jordi Elena Martí, demostró que la documentación que se aportaba en la demanda no se acreditaba, vulnerando la normativa europea. Tampoco el importe que se reclamaba, ni el cuadro de amortización, ni el interés aplicable, por lo que solicitó la desestimación de la demanda. Por esos motivos, el Juez del Juzgado de Primera instancia número 4 de Sueca ha decidido absolver de todos los cargos formulados en su contra con expresa imposición de las costas a la parte demandante.