La hemeroteca no siempre resulta del agrado de todo el mundo pero está ahí para consultarse siempre que sea necesario. El Partido Popular de Carcaixent, junto al resto de formaciones en la oposición, ha iniciado una dura campaña para descalificar los actuales sueldos políticos, que considera desorbitados. Hasta el punto que llega a parecer delictivo el hecho de cobrar por trabajar. Y lo hace incluso cuando las cuantías son inferiores a las fijadas durante las legislaturas en las que los populares gobernaban la localidad. Sin ir más lejos, a nadie del PP pareció molestarle que la exalcaldesa Lola Botella llegara a fijarse un salario de 88.000 euros al año, prácticamente el doble de lo que percibe Francesc Salom.
El actual alcalde hizo una promesa que, hasta la fecha, no ha incumplido. Dijo que no le costaría al ayuntamiento más que Lola Botella y así es. Si bien es cierto que la exdirigente del PP no cobró siempre de las arcas municipales, sí lo hizo del erario público.
El más llamativo de los casos se dio tras las elecciones de 2007, cuando Botella pensó que, ya que era alcaldesa y diputada en las Corts, debía cobrar dos sueldos públicos: 37.000 euros al año por una dedicación parcial en el ayuntamiento y otros 51.000 euros anuales de las Corts (88.000 en total). A eso se sumarían unos mil más entre el kilometraje y el complemento para el ejercicio del cargo. Aunque nadie vio inicialmente problema alguno -«tengo el doble de trabajo y es lógico que si el esfuerzo se multiplica también tenga más retribución», llegó a decir Botella-, meses más tarde dio marcha atrás y se quedó con los 51.000 de las Corts.
Aquel mismo año, no obstante, los populares designaron sueldos para cinco concejales. En la actualidad, son tres los que perciben salario. Por aquel entonces, se fijaron tres dedicaciones exclusivas: Para José Vicente Oltra, Mª Ángeles Corbí y Mª Carmen Martínez. Cada uno de ellos, con una retribución de 2.500 euros brutos anuales. Asimismo, otros dos ediles (Ino Signes e Isabel Gómez) mantuvieron su dedicación parcial, lo que se traducía en 1.800 euros mensuales.
El caso Juan Albert
En estos momentos, son solo tres los concejales que perciben sueldo: Sara Diert, Juan Albert y Teresa Oliver. Si bien es cierto que sus dedicaciones exclusivas son de 2.627 euros brutos al mes, supone una clara reducción con respecto a los salarios que se pagaban en la época del PP. Los sueldos de ediles sobrepasaron los 150.000 euros mientras en la actualidad la cifra supera ligeramente los 110.000.
En 2011 la situación cambió. En plena crisis, los ayuntamientos se vieron obligados a abrocharse el cinturón y, en muchos casos, a someterse a duros planes financieros con los que afrontar los elevados niveles de deuda. En aquella ocasión, el gobierno de Botella redujo la cantidad de ediles remunerados aunque la alcaldesa, tras su paso por las Corts, se fijó un sueldo de 47.600 euros; una cantidad similar a la que percibe Salom aunque todavía por encima del actual munícipe. También retribuyó al exconcejal de Unió Valenciana Antonio Ahullana, que se sumó a la lista popular con 14 pagas de 2.250 euros brutos cada una (31.500 al año). El PP pudo mantener la mayoría gracias al apoyo de Juan Albert, por entonces bajo las siglas del PSD. Dicho servicio le supuso un sueldo de 37.800 euros al año, algo menos de los 36.778 que recibirá por formar parte del gobierno de Salom.
Todavía en una época de cierta contención financiera, dos años más tarde, Botella contrató de asesora a su cuñada Marián Corbí, exedil del PP. Le concedió 1.300 euros al mes.
