La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) alertó ayer de que la reducción por parte de la Comisión Europea de las materias activas que se pueden utilizar para combatir determinadas plagas como el «cotonet» de Sudáfrica o la mosca blanca en el caqui tiene un efecto contraproducente ya que prova un mayor uso de tratamientos fitosanitarios en el campo, que en ocasiones triplica la aplicación de pesticidas, «y genera una pérdida progresiva de competitividad en el mercado global».

El aumento del uso de tratamientos fitosanitarios implica un mayor gasto para los agricultores que no se ve compensado con el precio que reciben por sus productos, incide la organización agraria, mientras recuerda el alarmante abandono de campos por la falta de rentabilidad, «lo que conlleva a su vez un deterioro medioambiental irreversible».

Depreciación comercial de la fruta

Por otra parte, señala que la prohibición de materias activas eficaces para la lucha contra plagas y enfermedades genera una depreciación comercial de la fruta que implica el desperdicio alimentario de miles de toneladas. «Paradójicamente, los productos que se importan de terceros países a la UE sí tienen permitido el uso de materias activas que han sido prohibidas por la legislación europea, pero sin embargo, llegan a los consumidores europeos y compiten con nuestros productos de un modo devastador y desleal», subraya.

«Si el objetivo de la UE era reducir el uso de fitosanitarios con sus políticas restrictivas nos encontramos con una gran incongruencia, puesto que están provocando el efecto contrario al obligar a los agricultores europeos a multiplicar sus tratamientos. Las plagas siguen estando presentes en nuestro campo y se incrementan continuamente. Ante este problema creciente los agricultores no contamos con herramientas eficaces para poder combatirlas», señala el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

El dirigente agrario critica la falta de actuación por parte de las administraciones para revertir esta situación. «Bruselas debería aplicar normas recíprocas, ya que los agricultores compiten en un mundo globalizado en el que las reglas del juego no son las mismas para todos. Con estas prohibiciones se incentiva el abandono de tierras, el desperdicio alimentario, el deterioro medioambiental, pero sobre todo se condena a los agricultores comunitarios a la ruina», apunta Aguado.