El exalcalde de Carcaixent pagó un plus a 46 funcionarios el día antes de dejar el cargo

Salom replica a las críticas que las gratificaciones se abonaban periódicamente a aquellos empleados que habían ofrecido un rendimiento extraordinario

Carolina Almiñana defiende que paralizar la distribución de los 23.500 € sería prevaricar

Paco Salom, Carolina Almiñana y Ana Calatayud.

Paco Salom, Carolina Almiñana y Ana Calatayud. / Levante-EMV

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

El cambio de gobierno y de legislatura en el Ayuntamiento de Carcaixent no ha conllevado, al menos de momento, una reducción en las polémicas que se generan fruto del constante choque de las numerosas fuerzas políticas con un nivel de representación muy similar. La última proviene del decreto de alcaldía que firmó, en su último día en el cargo, Paco Salom (Compromís) y por el que se abonaban complementos de productividad a más de cuarenta funcionarios

Quien puso el tema sobre la mesa fue la concejala de Units per Carcaixent Ana Calatayud, que preguntó a la actual alcaldesa, Carolina Almiñana (PP), si había paralizado el pago a estos trabajadores públicos. Calatayud defendió vehementemente que se trataba de un pago «arbitrario» de algo más de 23.500 euros a 46 funcionarios «agraciados sin que haya una justificación». Además, señaló que se contaba con un informe desfavorable del área de intervención municipal. Almiñana emplazó a la edil en la oposición a una respuesta por escrito.

El exalcalde de Carcaixent explica a Levante-EMV la motivación de dichos pagos. «Es cierto que estos pluses no se han regulado nunca en el ayuntamiento, es algo que se arrastra desde hace años y se han abonado periódicamente. Con ellos se gratifica a un grupo de trabajadores, cada concejal realiza propuestas en su departamento, por haber ofrecido un rendimiento que se considera fuera de lo común. Bien porque se tiene una mayor iniciativa, por su voluntad o predisposición, etc.» 

La alcaldesa aclara que consideraba que la explicación a la pregunta de Calatayud podría «resultar farragosa» para los vecinos que estuviesen viendo el pleno y que desconozcan el funcionamiento de la administración local, «algo que sí deben saber los concejales del ayuntamiento», enfatiza. Almiñana comenta, sobre el polémico tema, que no se podía paralizar ni revertir el pago

«Un decreto de alcaldía es un acto administrativo ejecutable desde el momento en el que se firma y que genera unas obligaciones, de pago en este caso, que no se pueden dejar pasar. De hecho, hacerlo, sería incurrir en un posible delito de prevaricación», asegura, para añadir a continuación: «Además, conforme se plantea la pregunta en el pleno puede parecer que se haya cometido una ilegalidad, cosa que no sería cierta. Ni los pagos son ilegales, ni yo me podía negar a que se realizasen. La intervención informa desfavorablemente porque no existe un reglamente específico sobre los complementos salariales, algo que ha pasado siempre en este ayuntamiento y a lo que intentaremos poner solución». Asimismo, la máxima autoridad municipal rebate el argumentario de Calatayud al asegurar que cada plus por productividad «figura como justificado».

«No se trata de pagar a ‘los amiguitos de’ nadie»

El exalcalde de Carcaixent Paco Salom ha restado importancia la polémica: «Lo que no entiendo es por qué, en este momento en concreto, se pretende ensuciar la imagen del anterior gobierno por proponerlo, o del actual por ejecutar el pago, o de los propios trabajadores públicos que lo cobran. Se da a entender que se premian a unos y no a otros porque son ‘los amiguitos de’, cuando cada seis meses ha sido habitual dar estos complementos de productividad y hay quien lo cobró en diciembre y en junio no. Simplemente esta vez ha coincidido con un relevo en el ejecutivo tras unas elecciones». 

La alcaldesa actual sostiene que el nuevo gobierno trabajará para dar forma a una normativa al respecto: «Intentaremos establecer unos criterios que sean objetivos. Con una regulación, desaparecerán los reparos del área de intervención que siempre se tenían que alzar para poder realizar dichos pagos. Una vez queden por escrito ya no habrá polémica posible», concluye.