El Consell concede ayudas a la Pobla Llarga y Llaurí para reducir sus deudas

El Consell repartirá más de un millón de euros a través de una subvención destinada al saneamiento de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que atraviesan dificultades económicas. De esta ayuda, que se repartirá entre nueve municipios, se beneficiarán dos consistorios de la Ribera: el de la Pobla Llarga y el de Llaurí.

«Estas subvenciones para pagar préstamos nos permiten rebajar la deuda, poco a poco», comenta al respecto la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues. El consistorio que preside recibirá 18.606,21 euros. «Nos habría gustado que la ayuda fuera mayor, ya que el año pasado recibimos más de 70.000 euros. Pero si lo miramos en conjunto, quiere decir que en dos años hemos pagado 100.000 euros de nuestra deuda que no ha salido directamente de las arcas municipales», añade.

Los ayuntamientos de la Ribera reducen un 68% su deuda en la última década

Al respecto, la alcaldesa de la Pobla reconoce la importancia que representa para la hacienda del ayuntamiento contar con esta subvención: «Supone una gran ayuda para pueblos pequeños, como el nuestro, que se ven obligados a pagar deudas enormes derivadas de la mala gestión de épocas anteriores. Nuestros vecinos no tienen la culpa y contar con este dinero implica, en muchos casos, mantener la calidad de los servicios que prestamos. Esperemos que esta línea de ayudas tenga continuidad», concluye.

Más de tres millones

El Ayuntamiento de la Pobla Llarga tenía que pagar, al cierre del ejercicio 2022, 3,9 millones de euros, aunque su deuda llegó a situarse por encima de los cinco millones.

Por su parte, el de Llaurí recibirá una cuantía mayor. Serán, según aparece publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 126.662,40 euros. Una ayuda que permitirá aliviar las cuentas de un consistorio que atraviesa, desde hace años, una delicada situación financiera. De hecho, de entre todos los ayuntamientos de la Ribera, el de Llaurí es el único que cerró el ejercicio 2022 con una deuda mayor de la que tenía pendiente de pago en el año 2013. Entonces eran 2,3 millones de euros y una década después la cantidad ascendía hasta los 3,1. La localidad había reducido su deuda durante en los ejercicios posteriores al 2013, pero otra sentencia urbanística obligó al ayuntamiento a solicitar un nuevo crédito y a elevar su nivel de endeudamiento. 

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