Los representantes de los tres grupos municipales que forman parte del Gobierno local de Gandia en el consejo de administración de IPG, Salvador Gregori, del PSPV, Carles Vendrell, de Més Gandia y Dani Martí, de Ciudadanos, salieron ayer en rueda de prensa para explicar algo que ya se conocía: Que la situación económica de la mercantil de capital 100% público es más que crítica.
Y es que, las cuentas provisionales elaboradas por la auditoría arrojan que en 2014, el último año completo en que el PP estuvo al frente del Ejecutivo gandiense, la empresa acumuló unas pérdidas de 19 millones de euros. Todo esto, explicó Gregori, a falta de incluir la provisión por la depreciación de los bienes inmuebles propiedad de la mercantil, para lo cual se ha contratado a una tasadora independiente.
Las cuentas, que, según señalaron, debían haber sido formuladas en marzo y aprobadas en junio de este mismo año, demuestran que el Ayuntamiento de Gandia actuaba «como banco de la empresa pública», puesto que prestaba importantes cantidades dinero para poder hacer frente a los ingentes gastos que los anteriores gestores derivaron a IPG, un mecanismo por el cual escapaban al control de los órganos municipales.
Ese dinero, en principio, debía ser devuelto al consistorio como cualquier operación de crédito, algo que se descarta por completo, como es lógico, porque la mercantil está en liquidación.
Gregori denunció «el sistema perverso que implantó el PP durante la pasada legislatura, gastando a través de IPG lo que no podía desde el ayuntamiento, dejando así colgados a los proveedores que ofrecían servicios en el consistorio».
Además, señaló que «parte de la culpa de ese despilfarro» la tienen los más de tres millones de euros que se pagaron en salarios durante 2014, de los cuales, 700.000 «son a personas contratadas a través de terceros o falsos autónomos», denunció el responsable de la hacienda local
Por su parte, Carles Vendrell, representante de Més Gandia, indicó que el patrimonio neto de la mercantil también arroja un balance negativo de 7 millones de euros.
Las cuentas de IPG de los últimos años fueron auditadas por una empresa externa. Esta, en las de 2013 puso un reparo. Según se indica en un documento al que ha tenido acceso este periódico, ese año IPG recibió una subvención de 8,9 millones de euros de parte del Ayuntamiento de Gandia. Sin embargo, se trataba de una inyección con carácter retroactivo, ya que la misma salió de la provisión de fondos del Plan de Pago a Proveedores del 2014. Con esa operación de ingeniería financiera, el PP lograba reducir el déficit de ese periodo de los casi 10 millones a unos 700.000 euros.
Así, la auditora avisa de ello y confirma que dicha operación debe computarse en las cuentas de 2014 y no en las de 2013, como ocurrió.
Como es lógico, el PP le dio la vuelta a las cuentas presentadas por los tres representantes de IPG y rebajó el déficit de los 19 a los 9 millones de euros.
Por una parte, señaló, que en la exposición de las cuentas, Gregori no tuvo en cuenta los más de 9 millones de euros que IPG gastó en obras a través de encomiendas de gestión al ayuntamiento (un dinero que dificilmente retornará a IPG) y, por otra, indicaron que otros casi 9 millones pertenecen a los intereses de los créditos concedidos a la mercantil en tiempos del gobierno socialista de José Manuel Orengo. La representante del PP en el consejo de administración, Lola Moncho, acusó a Gregori de hacer una lectura «interesada» de las cuentas y aseguró que su partido ofrecerá la información real cuando sean analizadas.
