Casi un millón y medio de euros en propaganda, sentencias condenatorias por no devolver créditos bancarios, la construcción del Mercat del Prado que no se amortizará ni en 20 años, millones de euros de pérdidas en la piscina del Grau, en el sistema de alquiler público de bicicletas, construyendo chiringuitos en la playa y en la gestión de la grúa. Una abultada factura para pagar a personal colocado por el PP sin ningún tipo de selección, dieciocho patrocinios deportivos que suman casi trescientos mil euros, prácticamente ningún ingreso y, por si faltaba algo, una enorme devaluación de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG).
Así se puede resumir el balance económico del año 2014 en IPG, el penúltimo bajo la gestión del Partido Popular y del exalcalde Arturo Torró, redactada por el gerente y que el lunes que viene se presentará al Consejo de Administración de esta mercantil cien por cien municipal.
Como se temía, el informe va a suponer un nuevo disgusto para el ayuntamiento. Un mazazo que se cifra en 38,5 millones de euros en pérdidas que, de una u otra manera, algún día se tendrán que sumar a las cuentas de un consistorio en quiebra.
Algunos de los consejeros de IPG han reconocido su sorpresa. Todos sabían ya que las pérdidas del año pasado rondarían los 20 millones de euros. Pero a ello se ha unido que durante los últimos años los gestores del PP no llevaron a cabo una actualización del valor del patrimonio de la empresa, que, al tratarse fundamentalmente de viviendas, se ha desplomado como ha ocurrido en toda España. La pérdida de ese valor eleva el saldo negativo de 2014 a 38,5 millones.
El balance más negativo
Se trata del balance más negativo de los diez años de historia de IPG, una empresa que siguió en plena actividad durante 2014, gastando muchísimo más de lo que ingresaba a pesar de que el exalcalde Torró promulgaba a los cuatro vientos que estaba en fase de liquidación y cierre.
No fue Torró ni la Administración local del PP quien puso fin a la empresa, algo que ha prometido hacer el nuevo Gobierno local del PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia. De hecho, lo más probable es que el Consejo de Administración que se reúne el próximo lunes para analizar esos catastróficos datos remita al ayuntamiento una petición expresa para que, por imperativo legal, nombre una comisión liquidadora y, ahora sí, inicie el proceso para cerrar IPG.
Dos son los problemas que esa acción va a plantear. Por un lado, queda todavía el balance de 2015, que a buen seguro volverá a ser negativo. En segundo lugar, el ayuntamiento debe decidir si asume servicios que se tendrían que suspender cuando IPG desaparezca, como la piscina del Grau, el sistema de la Bici, el Mercat del Prado o las viviendas sociales.
Finalmente, se desconoce todavía de qué manera se podrá convencer al Ministerio de Hacienda para que el ayuntamiento asuma íntegramente la monumental deuda de IPG, que ya alcanza los 74 millones de euros y que irá a más cuando se acumulen las pérdidas del presente ejercicio.
