La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha aplicado la máxima pena a una mujer, vecina de Gandia, por un delito continuado de estafa cometido entre los años 2003 y 2009, tiempo durante el que engañó al menos a 78 personas en la compraventa de propiedades inmobiliarias a muy bajo precio que ella aseguraba que obtenía de subastas judiciales o que tenía autorización de sus dueños para entregarlas a terceras personas.
El tribunal le impone a Josefa R. M., de 61 años, una pena de ocho años de prisión al haberse acreditado que, junto a otras personas, también condenadas en esta misma sentencia, se apropió de más de cinco millones de euros.
Josefa y los otros miembros del clan, algunos de ellos familiares directos, contactó con personas que querían comprar casas, solares, naves industriales, e incluso negocios en marcha, haciéndose pasar por propietaria cuando no lo era. A veces también presentaba documentos en el que el supuesto propietario autorizaba la venta.
La mujer que ha sido condenada no iba a por propiedades menores. Ofrecía hasta áticos en primera línea de la playa de Gandia por cifras de unos 50.000 euros cuando, en esos años, podían costar seis o siete veces más. Por 40.000 euros se ofrecía a vender bungalós o chalés en la exclusiva zona de Oliva Nova . Y también están en la relación propiedades en localidades como l'Alqueria de la Comtessa, Sollana o la misma calle Colón de València, en pleno centro de la ciudad. Dada la expectativa de negocio fácil, pudo engañar a muchos compradores, a los que estafó.
Para aparentar veracidad a sus operaciones, que nunca llegaron a materializarse, en algunas ocasiones quedaba con sus víctimas en las inmediaciones de los juzgados, señalando que ese día tenía que acudir para negociar la compra de propiedades embargadas.
Así, dando la apariencia de negocio fácil a los compradores estafados, cosechó una larguísima relación de personas que le adelantaron dinero sin que figurase escritura de por medio.
Los dueños ni lo sabían
Después lo que hacían los implicados en estos delitos era dar largas a los compradores con distintos argumentos que siempre eran falsos, dado que, como se ha demostrado, las propiedades que «vendían» no eran suyas, y ni siquiera sus legítimos dueños sabían que se estaban utilizando para esta finalidad.
Durante el proceso judicial la Fiscalía llegó a ofrecer un acuerdo de cinco años de prisión, pero la mujer se negó y ha acabado condenada a ocho años. Borja C. R., Julián O. V., Alicia C. R. y Óscar R. S. también han sido condenados a penas de prisión al haberse demostrado que fueron cómplices de esta estafa cuyas víctimas, en su mayoría, son personas residentes en la Safor.
Entre los aspectos que más han sorprendido de este proceso era la tranquilidad con la que los condenados actuaban. Todos ellos habrían podido pensar que era lógico que, al final, alguien acabaría presentando una denuncia al haber abonado dinero y quedarse sin la propiedad y sin cantidad económica que había adelantado. Y también que, tras la correspondiente investigación, quedaría claramente demostrado que, en realidad, el clan que así actuaba les estaba estafando. La sentencia puede recurrirse al Tribunal Supremo.
