No todo es malo en el hecho de que Gandia tenga una de las más abultadas deudas económicas de todas las ciudades españolas de sus mismas dimensiones. Porque, como también refleja esa auditoría, durante los últimos años se han llevado a cabo inversiones por valor de decenas de millones de euros, aunque no todos lo hicieron al mismo ritmo.

El mayor volumen inversor se produjo, con mucha diferencia, en la legislatura 2007-2011, cuando tuvo lugar aquel pacto entre el PSPV-PSOE de José Manuel Orengo y la Plataforma de Gandia de Fernando Mut, dejando en la oposición tanto al PP como al Bloc.

Desde el ayuntamiento, y también desde la empresa municipal IPG, se ejecutaron numerosas obras de remodelación urbana en Gandia, entre ellas la plaza del Tirant lo Blanc, la remodelación del paseo de les Germanies o la restauración de patrimonio histórico.

Pero en esa misma legislatura, que terminó con aquella magna celebración del V Centenario de Sant Francesc de Borja, se echó mano de cánones de empresas que prestan servicios públicos, que se usaron como créditos y, en algunos casos, destinando el dinero a usos diferentes, como ocurrió con parte de los 55 millones de euros de Aguas de Valencia, lo que contribuyó considerablemente a incrementar la deuda.

También según la auditoría, fue peor durante la gestión del PP, con Arturo Torró al frente. No solo IPG se convirtió entonces en un auténtico «ayuntamiento paralelo» desde donde esquivar el control de la Administración sobre el gasto público, incluyendo al Ministerio de Hacienda, sino que, pese a incrementar la deuda en 140 millones de euros, el volumen de euros invertidos realmente en la ciudad fue mucho menor que el que se produjo con el tándem Orengo-Mut.