Seis años después de que el Gobierno local del PP de Gandia denunciara el robo de tres ordenadores de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), un suceso sospechoso al que le siguió el robo de un cuarto aparato y, después, la destrucción de un disco duro con información sobre facturas, el ayuntamiento va a llevar a cabo una investigación sobre todos aquellos hechos.
Así lo aseguró ayer la alcaldesa de la ciudad, la socialista Diana Morant cuando, visiblemente enfadada, escuchó de boca del concejal del PP, Guillermo Barber, que quizás aquellos ordenadores robados «podrían encontrarse en su sede», en referencia al local del PSPV-PSOE de Gandia, lo que constituye una clara acusación de que pudieron ser personas de este partido, o afines, los que robaron aquellos ordenadores.
La alcaldesa saltó cuando el responsable popular hizo ese comentario, y dijo que esos episodios, ya prácticamente olvidados, van a ser fruto de una investigación para determinar qué ocurrió y, si es el caso, pedir responsabilidades por ello.
Lo del robo de ordenadores y la destrucción de un disco duro de IPG durante la legislatura del PP estuvieron, sin duda, entre los episodios más rocambolescos de la gestión del exalcalde, Arturo Torró, y, pese a las explicaciones, siempre hubo quien sospechó de que esos acontecimientos pudieron haber sido provocados por los propios responsables municipales que en aquellos momentos dirigían el ayuntamiento.
A esas sospechas se añade que desde IPG se llevaron a cabo decenas de operaciones financieras y el pago de decenas de millones de euros de forma totalmente opaca, sin ningún control. La empresa pasó a tener más de cuarenta millones de euros en deudas que, de una u otra manera, ha tenido que ir asumiendo el ayuntamiento.
El primer robo ocurrió el fin de semana del 28 y 29 de abril de 2012. En aquel momento el Gobierno local del PP aseguró que fueron tres los ordenadores sustraídos de la sede de IPG, que entonces estaba ubicada en el local municipal de la calle del Tossal.
Las máquinas eran del gerente, Daniel Furió, y del contable, Gonzalo Morant. Presuntamente los delincuentes entraron por la puerta principal y, según se anunció entonces, todo apunta a que conocían perfectamente la ubicación de los despachos porque fueron directamente a los de Furió y Morant.
Javier Reig, que aquel momento era delegado de Asuntos de Alcaldía y mano derecha de Arturo Torró en el ayuntamiento, reconoció que en esos ordenadores había «información confidencial», pese a lo cual nunca se supo nada más de lo ocurrido. Los ordenadores no aparecieron.
Un año después, concretamente el 14 de mayo de 2013, se sustrajo otro ordenador de la sede de IPG, concretamente el de Javier Viciano, que entonces era jefe del departamento de Personal de la empresa municipal. Según el relato dado entonces, Viciano se fue a comer y dejó el computador en su despacho de la cuarta planta del mismo edificio de la calle Tossal. Cuando regresó, ya no estaba.
En la memoria de ese aparato, decenas de contratos de personal realizado por IPG, la empresa que, justamente el propio Arturo Torró, definió como la plataforma en la que «enchufaba» a personas más o menos afines al PP para darles trabajo.
Documentación «irrecuperable»
El misterio en IPG no había terminado. En la Navidad de 2013 un disco duro de la empresa «petó», según expresión de Javier Reig, y se perdieron los registros de facturas desde el año 2006, correspondientes a decenas de millones de euros. Pero el Gobierno local del PP no comunicó este hecho, sino que se hizo público cuando, ante la interposición de un recurso del concejal socialista Vicent Mascarell, una sentencia obligaba al ayuntamiento a facilitarle esos documentos. Entonces el consistorio se dirigió a los jueces para informarles de la destrucción del disco duro. La versión de Javier Reig fue que se produjo «un problema informático», y una empresa Barcelona contratada para analizar el hecho determinó que el contenido era «irrecuperable».
El ayuntamiento, que al final de la pasada legislatura ya investigó todos esos hechos, no llegó a ninguna conclusión. No había cámaras de seguridad en la sede de IPG, pese a que en el ayuntamiento sí que existían desde hace muchos años y, lo que es peor, a nadie se le ocurrió guardar copias de seguridad pese a la incesante y millonaria actividad que se registraba en esa mercantil que hace unos meses cerró el Gobierno local del PSPV y Més Gandia, como había prometido la campaña electoral
