La investigación que ha llevado a cabo el departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Gandia ha concluido que Vicent S., el funcionario que se encargaba de la gestión del cementerio y que está acusado de haberse quedado con dinero de los enterramientos, habría desviado, presuntamente, algo más de 1,1 millones de euros entre los años 2007 y 2017.
El informe, al que ha tenido acceso Levante-EMV, desgaja, además de la cantidad que supuestamente se habría apropiado, el modus operandi que utilizaba para poder defraudar cantidades de dinero sin que fuera detectado durante tanto tiempo. El escrito revela que el funcionario reconoció ante los servicios municipales haberse quedado con 300.000 euros entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, se decidió investigar más allá, comprobando que esa forma de actuar se había iniciado diez años antes de ser descubierto.
Lo que hacía el denunciado era emitir recibos mediante un programa informático que ya no era válido. Algunos los liquidaba, pero muchos de ellos los ocultaba para que no constaran en la contabilidad municipal del cementerio y no los pasaba a pago. A su vez, realizaba los cobros por los servicios del cementerio municipal en metálico, en vez de requerir el ingreso a través del banco, que es el procedimiento previsto para el cobro de cualquier tributo o tasa. Parte de ese dinero no acababa en las cuentas municipales, sino que, presuntamente, se las quedaba el propio funcionario. «El denunciado reconoció ante los servicios municipales que no ingresaba el dinero cobrado al ayuntamiento, ascendiendo a cantidades que superan los 300.000 euros», indica el escrito de conclusiones de la investigación.
El ayuntamiento recabó el testimonio de varios vecinos, que declararon «haber dado en mano diversas cantidades al denunciado, sin que les diera justificante alguno», señala el informe, lo que apuntalaría la investigación.
Como se desprende del estudio detallado de la actividad contable del cementerio durante la última década, este empleado, presuntamente, desviaba entre 100.000 y 200.000 euros cada año. El ejercicio que más dinero acumuló fue el 2011, con 201.402 euros que debían haber acabado en las arcas municipales.
Así, los instructores del expediente de información reservada encontraron varias carpetas con recibos guardados que no habían sido liquidados. Al parecer, lo que hacía este trabajador era, siempre según el informe, quedarse con ciertas cantidades de dinero y cuando pasaba cierto tiempo desde la emisión de la carta de pago realizaba una liquidación conjunta de los recibos que tenía guardados e iba ingresando diferentes cantidades.
La investigación se inició el 15 de junio del 2017, tras detectarse una serie de irregularidades en la gestión del cementerio. Ese mismo día, el funcionario ingresó en las cuentas del ayuntamiento 46.323 euros. Este dinero correspondía a todas las licencias del año 2016 que no se habían abonado en ese ejercicio concreto. Unos días después, el 27 de junio del 2017, realiza la misma operación para ingresar 83.714 euros, que correspondían al 2015.
Al final, según apunta el informe, el funcionario ha acabado devolviendo un total de 294.058 euros, por lo que «lo que no ha sido objeto de restitución al Ayuntamiento asciende a un montante total de 857.179 euros», que corresponderían a los ejercicios que van del 2007 al 2012.
Cuatro delitos
Con todo esto, el Ayuntamiento de Gandia considera que esta práctica podría suponer la acusación del funcionario por cuatro delitos: Falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos públicos, malversación de caudales públicos y fraude y exacción ilegal.
Como ya publicó este periódico hace algo más de un año, una vez conocida esta situación, el funcionario fue retirado del puesto y actualmente está jubilado y a la espera de enfrentarse al proceso judicial.
El caso causó estupor en la ciudad, ya que se trata de una persona que era conocida, no solo por su actividad en el ayuntamiento sino por su presencia social a través de diferentes entidades.
