Podría decirse que el Ayuntamiento de Gandia perdió a principios de 2017 una gran oportunidad para terminar, a un coste económico muy bajo, las obras de urbanización de Sanxo Llop.

Entonces la empresa Aprusa anunció el interés de una gran firma de muebles, Conforama, por adquirir una parcela de grandes dimensiones e invertir 10 millones de euros en la que habría sido una de sus mayores tiendas en España. Pero no podía hacerlo porque ese polígono es «industrial» y requería convertirlo en «comercial». El dinero de la parcela se habría destinado a acabar las obras pero, además, todo el sector se habría revalorizado.

El problema era, por lo tanto, de solución política, pero ahí chocan los intereses del comercio urbano de Gandia, que se opone a la apertura de nuevas áreas comerciales en el extrarradio. Los partidos se posicionaron. El PSPV-PSOE y Ciudadanos se mostraron partidarios de la operación, pero solo suman 8 concejales en el ayuntamiento. En frente estaban el PP y Més Gandia, que tienen los otros 17 representantes y que rechazaron reclasificar suelo para permitir nuevas grandes superficies comerciales.

Ante el bloqueo, incluso llegó a plantearse la posibilidad de convocar una consulta ciudadana para que fueran los gandienses los que decidieran, pero ni en eso hubo consenso entre los dos grupos del Gobierno local, de manera que Conforama abortó su idea y el polígono sigue paralizado.